El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará sentencia el próximo 13 de julio sobre el incumplimiento de España en el asunto de la estiba.

La Comisión Europea (CE) pidió una multa a España de 27.522 euros por cada día que pasara sin adaptar su legislación sobre el sector de la estiba desde que se produjo la primera sentencia, el 11 de diciembre de 2014, hasta la adopción definitiva de las medidas.

De esa manera, España acumula una multa superior a 24 millones de euros.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 18 de mayo la reforma del sector de la estiba para cumplir con la legislación europea, y la CE abrió la puerta a "congelar" el procedimiento de infracción abierto contra España en el TJUE.

El caso se remonta a septiembre de 2012, cuando la Comisión dio un ultimátum a España para modificar el régimen de contratación de estibadores al considerar que la normativa incumplía el principio de libre establecimiento de las empresas.

Al no hacerlo, trasladó el caso a los jueces europeos, que ya condenaron a España en diciembre de 2014 por no hacer esos cambios.

Por otra parte, el secretario general de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, manifestó ayer que la situación de los estibadores y su conflicto por la huelga está "volviendo a la normalidad".

Desde el Ministerio de Fomento, según ha señalado Gómez-Pomar, se confía en que se "cierre el conflicto" porque ya se están alcanzando acuerdos entre los estibadores y las empresas.

La vuelta a la "normalidad" de la que habló el secretario general de Infraestructuras provocará que los puertos comerciales recuperen "su máxima intensidad" después de las huelgas convocadas durante este mes. Además, Gómez-Pomar ha destacado la "muy buena salud" de la que gozan las infraestructuras españolas.