El Gobierno de Argentina y los sindicatos acordaron ayer pedir la intervención de la Justicia en Aerolíneas Argentinas para que la compañía controlada por el grupo Marsans facilite el pago de salarios adeudados. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, confirmó ayer que el personal se comprometió, a cambio, a garantizar "la continuidad de los servicios por los próximos 60 días".

Tomada y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se reunion con representantes de cinco de los siete sindicatos aeronáuticos, mientras aumentaban los rumores sobre la intención del Gobierno de forzar la intervención de la Justicia en el caso. "Nosotros hemos recibido la inquietud de los trabajadores y ante la grave situación del no pago de salarios hemos firmado un acta para presentarnos en el juzgado para informar la situación y pedir la continuidad de las operaciones", explicó Jaime al finalizar el encuentro.

Tomada insistió en que las operaciones de la aerolínea de banderaestán garantizadas 60 días, con el objetivo de que no se repitan inconvenientes como los ocurridos el martes, cuando las asambleas de los trabajadores provocaron múltiples demoras. "Pedimos al Gobierno que obligue a la empresa a que reprograme los vuelos", piden los sindicatos.