España deberá reducir las emisiones de CO2 en 2020 un 10 por ciento respecto a 2005 y lograr que el 20 por ciento de su consumo energético proceda de fuentes renovables, según las propuestas de la Comisión Europea (CE) contra el cambio climático.

El objetivo de recorte de CO2 afectará a sectores como el transporte, la vivienda y la agricultura, que no están incluidos en el sistema europeo de comercio de emisiones.

La CE ha distribuido los esfuerzos entre los países en función de su PIB por habitante, por lo que los países más ricos tendrán que reducir sus emisiones hasta en un 20 por ciento y los que gozan de una economía menos desarrollada podrán incrementarlas hasta un 20 por ciento.

El objetivo es que las industrias que no participan en el sistema europeo de comercio de emisiones reduzcan sus emisiones un 10 por ciento frente a 2005 en el conjunto de la UE.

Por otra parte, la CE ha propuesto obligar a que España cubra el 20 por ciento de su consumo total de energía con fuentes renovables de aquí a 2020, más del doble de lo que representan en la actualidad (8,7 por ciento según los últimos datos disponibles, de 2005). Esta y otras propuestas presentadas hoy tienen como meta final reducir en un 20 por ciento el total de emisiones de la Unión respecto a 1990.

Los planes para combatir el cambio climático desvelados hoy por la CE han sido recibidos con una gran expectación, después de las presiones y críticas vertidas en las últimas semanas por la industria y varios países. La estrategia quiere hacer realidad los compromisos que la UE asumió el pasado marzo para reducir las emisiones contaminantes y promover el uso de la energía renovable.

Para ello plantea cinco propuestas que impondrán grandes esfuerzos a las empresas de la Unión, pero que a la vez les ofrecerán la oportunidad de liderar los cambios necesarios para combatir el calentamiento global, subraya hoy el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.

Los jefes de Estado y de Gobierno acordaron el pasado marzo, con vistas a 2020, reducir en un 20 por ciento las emisiones de CO2 respecto a 1990, obligar a que el 20 por ciento de la energía que se consuma en la UE proceda de fuentes renovables y a que el 10 por ciento de los carburantes sean biocombustibles.

Además, de los objetivos nacionales sobre emisiones y energías renovables, la CE ha propuesto una revisión del sistema de comercio de emisiones contaminantes, que obligará a las industrias que participan en el mismo a recortar sus gases contaminantes en un 21 por ciento con respecto a 2005.

También prevé la introducción gradual de un sistema de subasta por el que las instalaciones industriales deberán comprar los permisos necesarios para poder emitir CO2, derechos que ahora conceden los gobiernos de forma gratuita. En cualquier caso, Barroso advierte de que la UE podría introducir medidas para proteger a sus empresas de las importaciones procedentes de terceros países en el caso de que finalmente no haya un acuerdo global contra el cambio climático.

Bruselas ha presentado también una propuesta de directiva con la que pretende regular la captura y almacenamiento de CO2 para su posterior inserción en el subsuelo, una tecnología que la legislación comunitaria actual no permite hacer y en la que sin embargo están interesados varios Estados miembros.

Por último, la CE ha dado a conocer unas directrices que tratan de elevar la cuantía de las ayudas públicas que los Estados miembros pueden conceder a las empresas para el desarrollo de proyectos que permitan reducir las emisiones contaminantes.

Las reacciones de la industria y sindicatos al paquete presentado valoran el paso pero alertan del impacto que puede tener sobre el empleo. Por ejemplo, La patronal de la UE, BusinessEurope, advierte del efecto negativo que las propuestas pueden tener sobre la competitividad de la industria comunitaria e insiste en que cualquier solución debe garantizar el mantenimiento de la competitividad de la industria de la UE.

Por su parte, los sindicatos europeos califican la estrategia de "paso significativo", aunque insisten en que se han de tener en cuenta las cuestiones sociales. Las organizaciones ecologistas también valoran la iniciativa, pero lamentan la insuficiente ambición de los planes para reducir los gases contaminantes y consideraron "preocupante" la voluntad de aumentar el uso de biocombustibles.

La aprobación de este paquete exigirá el visto bueno tanto del Parlamento Europeo como de los países.