Sindicatos, oposición y patronal italianos criticaron ayer el plan de austeridad del Gobierno, pormenorizado el sábado y aprobado el pasado viernes, con la idea común de que los más afectados serán los débiles y las clases medidas. La líder de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL, en sus siglas en italiano), Sussana Camusso, aseguró en una entrevista con el diario La Repubblica que "una vez más son golpeados los más débiles, que son los que pagan los impuestos" y criticó al ministro de Trabajo, Maurizio Sacconi, "por hacer peligrar el contrato nacional".

La secretaria general del CGIL anunció una huelga general contra las "medidas injustas" que será decidida el próximo 23 agosto junto a los sindicatos Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL) y la Unión Italiana del Trabajo (UIL).

Para el ex magistrado de Manos Limpias y líder de Italia de los Valores (IDV), Antonio di Pietro, el plan de austeridad es en parte positivo porque contiene medidas como la reducción de las provincias, una propuesta de su partido, aunque abogaba por su completa abolición, afirmó al diario digital Il Tempo. "El decreto es verdaderamente deprimente y faltan intervenciones en el frente de la evasión fiscal, del que no se habla ni una línea", añadió.

"Está bien reducir -dijo Di Pietro- el sueldo de los diputados y de los senadores, pero, ¿el los de los vitalicios? También inquirió por qué no se ha recortado el número de parlamentarios. "Si hacía falta dinero se podría hacer pagar la contribución de solidaridad", que grava con un 5% los salarios que superen los 90.000 euros al año, y con un 10% a los que excedan los 150.000, "a los que han traído dinero a Italia gracias al escudo fiscal".

El secretario nacional del Partido Democrático (PD), Pier Luigi Bersani, dijo al canal La 7 que el plan de ajuste económico es "depresivo, poco creíble e injusto". "Una vez examinado el decreto ley, nos dirigiremos a las fuerzas sociales y a los partidos de oposición para abrir un diálogo destinado a preparar una propuesta alternativa", aseguró.

Emma Marcegaglia, presidenta de la patronal italiana Cofindustria, hizo un llamamiento al Gobierno y a la oposición para "aprovechar el trámite parlamentario para recuperar el rigor y reformar las pensiones de jubilación". Para Marcegaglia, "no se trata de recortar los subsidios de los jubilados sino de hacer trabajar a quien más ganas tiene y está en condiciones de hacerlo, dando perspectivas reales a los jóvenes, oportunidades de trabajo, futuro", para así "evitar el riesgo de una nueva fuga de cerebros".

Su antecesor en el cargo y actual presidente de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, lamentó que el decreto ley no incluya "un impuesto sobre los patrimonios superiores a los 5 ó 10 millones (al año), que hubiese golpeado así también a los evasores de impuestos". Tras criticar duramente a Gobierno y oposición, Cordero de Montezemolo, dijo en una entrevista que, aunque el Gobierno tenía que hacer "urgentemente" el decreto ley, no "está a la altura de la situación de emergencia del país porque no afronta los verdaderos problemas estructurales".