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Prisión sin fianza para los líderes de ANC y Ómnium por un delito de sedición

  • La juez envía a la cárcel a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart mientras dicta libertad con medidas cautelares al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero

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El procés se calienta aún más después de que los dos líderes soberanistas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, fueran enviados a prisión incondicional por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

La magistrada les imputa a ambos un delito de sedición por "promover" el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre durante una operación para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre. Lamela adoptó esta decisión en un auto a petición de la Fiscalía tras rechazar su solicitud de enviar a prisión por estos hechos al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, al que impuso medidas cautelares leves.

Sánchez y Cuixart, a los que la juez asigna el papel de "promotores y directores" de las concentraciones frente a la sede de la Conselleria de Economía, son los únicos de los cuatro investigados por sedición en relación a ese asedio que ingresan en prisión, tras reclamarlo la Fiscalía. En ese papel de promotores, los dos se mantuvieron al frente de las concentraciones "durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes".

Para decretar la prisión, Lamela aprecia en el auto riesgo de reiteración delictiva, "ya que viene operando dentro de un grupo organizado de personas", y también observa "alta probabilidad" de que los investigados puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba. Además de los hechos del 20 de septiembre, Lamela destaca también que las mismas cuentas de whatsapp utilizadas para promover el asedio frente a la Conselleria, también se usaron el 1-O y desde ellas "realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales".

La juez recuerda la actuación de Cuixart en Badalona después de que la Guardia Urbana hubiera incautado unos carteles en apoyo a la consulta que se hallaban en el interior de un vehículo. Ese día, Cuixart y otras personas exigieron a los agentes la devolución de los carteles, a lo que éstos se negaron, por lo que el líder de Ómnium y el teniente de alcalde de la localidad, José Antonio Téllez, "sustrajeron del interior del vehículo oficial todo el material intervenido" e impidieron a los agentes recuperarlo.

Con respecto a los hechos del 20 de septiembre, la magistrada relata cómo desde estas entidades se lanzaron mensajes en las redes sociales no para participar en una manifestación pacífica, sino para la "protección" de sus gobernantes con consignas como "parar a la Guardia Civil".

Tanto es así que algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches mientras otros empujaron a los agentes, y hubo quienes bloquearon la salida de un vehículo. "Todos estos hechos de carácter objetivo ponen de manifiesto (...) que la actuación de ambos investigados, apelando a la resistencia, estaba orientada a impedir la aplicación de la Ley y de las resoluciones", destaca el auto. Con ello, según la juez, pretendían "impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución".

La juez apunta a Cuixart y Sánchez como los "interlocutores" de las movilizaciones, pero sin aceptar las opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos, ni tratar de desconvocar o diluir esas concentraciones. En este sentido, recoge el llamamiento de Sánchez a los congregados frente a la Conselleria de Economía: "Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa". Del mismo modo, señala que el líder de Òmnium pidió que la movilización ante Economía no se detuviera y recuerda como ambos, subidos a un coche de la Guardia Civil, llamaron a "la movilización permanente".

Sánchez y Cuixart dejaron sendos vídeos grabados por si eran encarcelados. Las grabaciones fueron difundidas a través de las redes sociales después de que la juez ordenara la prisión incondicional para ambos.

Cuixart se compromete a que su organización siga trabajando "desde la clandestinidad" mientras Sánchez hace un llamamiento a los soberanistas a responder con "unidad y civismo" a la decisión judicial.Previamente, Lamela ya había decidido dejar en libertad al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, aunque le impone medidas cautelares, al no poder vincularlo por el momento con el acoso a la Guardia Civil. La juez rechazó la petición de la Fiscalía de prisión incondicional y en su lugar le impuso comparecencias quincenales, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y que facilite un domicilio y un teléfono para estar localizable. No obstante, advirtió a Trapero, quien declaró durante casi dos horas como investigado por sedición, que en caso de incumplir alguna de las cautelares podría agravar las medidas impuestas.

Son las mismas medidas que acordó horas antes para la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para quien la Fiscalía había pedido prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros, solicitud que rebajó la juez y acordó para Laplana la prohibición de salir de España, la entrega del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente en un juzgado.

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