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EL alcalde de Cádiz irá a juicio por el caso Loreto por injurias y calumnias. La juez va a procesarlo pese a que la Fiscalía no acusa, y el PP no ha podido reprimir su entusiasmo al conocer la noticia: "Tendrá que responder de sus delitos". Lo sorprendente es que en Podemos también están encantados con la idea para "demostrar la verdad". El alcalde le contará al juez que cuando dijo que el PP suministró agua contaminada "a sabiendas" entre los vecinos de Loreto, lo dijo desde el cariño. Y los populares también le pedirán una indemnización con gran afecto. Los ciudadanos piensan que perdieron la cabeza cuando decidieron despellejarse en los juzgados, pero porque no conocen que tras los duelos a garrotazo limpio todos bailan al son de Imagine a escondidas. No es broma: a la clase dirigente le pone tanto sentarse en el banquillo, que antes de que a algunos magistrados se les pase por la cabeza archivar sus denuncias ya tienen preparado el recurso. Todo con el dinero de sus bolsillos, por supuesto. El alcalde sin ir más lejos aún no ha respondido por su caso, y ya está deseando que se archive para llegar hasta el final contra el PP. Y lo mismo ocurre en otras causas como la de Matadero, donde son los populares los que amenazan con llevar ante la Justicia a la concejal Eva Tubío, que no cabe de contenta, una vez que se ha archivado el asunto. Como no tienen bastante con esta espiral de locura, David Navarro ya aireó que denunciará a Ignacio Romaní por decir que le da miedo porque en su día llevaba armas. Y para no quedarse atrás, José Blas Fernández irá a por todos los que vieron delito en el caso Alumbrado. Cualquier pamplina es válida. Ni siquiera Juan Manuel Pérez Dorao puede conciliar el sueño desde que mandó a hacer puñetas al alcalde, sin anestesia. Los servicios jurídicos municipales le han dicho que sus palabras no le saldrán gratis y está que no cabe en sí.

Entretanto, la Administración permanece paralizada, porque no pueden estar en todo como es lógico. Y con ello, la maquinaria municipal se ve sometida a la voluntad de unos técnicos que a la vista de cómo les salpica la corrupción no se atreven a firmar un papel si no es en presencia de una docena de abogados. El problema no tiene fácil solución, porque a los políticos les ha dado por suplir su colosal incapacidad para gestionar colapsando los tribunales de Justicia.

A Cádiz todo esto le importa un pimiento, como es natural, porque le gustaría atraer inversiones y generar más actividad económica para frenar la sangría del paro. Bastaría con saber qué planean desde la Administración para garantizar el porvenir. Cómo piensan obtener carga de trabajo para los astilleros, o qué ideas manejan para ajustar la educación y la formación de los jóvenes a las necesidades del mercado. Sería interesante averiguar, en paralelo, cómo pretenden recuperar el frente marítimo y qué proyectos barajan para afianzar el turismo y lograr la integración del puerto-ciudad. Parecen preguntas de libro, pero por no saber, no saben ni cuándo abrirán una estación de autobuses que se muere de risa. Esto sí que es de juzgado de guardia: les pirra hacer ruido, pero cuando tienen que hablar de verdad se hace un silencio tan grande que da hasta miedo.

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