El principio de un largo camino por andar hacia la igualdad

  • José Antonio Varga y su hija son ya jefe y asalariada de su negocio

Después de tres años trabajando codo con codo, José Antonio Varga ha podido regularizar ya la situación de Inma. Desde este otoño son, además de padre e hija, jefe y empleada en el negocio Marzo Zapatos, una pequeña empresa con 16 años de historia y dos tiendas, una en Sanlúcar y otra en Rota.

Para José Antonio, el nuevo estatuto de los autónomos es sólo el inicio de un camino hacia la igualdad en el que aún queda mucho por andar. "Es un paso; se nos está empezando a defender gracias a que ahora, como asociados, se nos tiene más en cuenta", asegura este empresario, que recuerda que el colectivo de trabajadores por cuenta propia "todavía sigue teniendo 20.000 desventajas" frente a los asalariados. La principal ventaja que ha aportado el estatuto es que legaliza situaciones que, pese a que anteriormente ya estaban extendidas, carecían de una cobertura normativa. Es el caso de la contratación de los hijos menores de 30 años que no estén independizados. Hasta ahora debían darse de alta como autónomos pese a que eran tan asalariados como el resto de trabajadores del negocio. Además, la contratación abarata la cotización que el empresario debe hacer por el empleado, aunque, según objeta José Antonio, "la diferencia es mínima".

Sin embargo, este zapatero lamenta que su hija todavía no pueda acogerse al subsidio por desempleo, como sí ocurre con cualquier otra persona en nómina, si abandonara la actividad o, incluso, cerrase el negocio. Además, considera que todavía es muy amplia la distancia que les separa de los trabajadores por cuenta ajena, como la pensión por jubilación o la baja por enfermedad o invalidez. "Para poder darme de baja tengo que dar de alta a otra persona que se quede en la tienda, así que entre el seguro y el sueldo, ponerme malo me costaría cada mes unos mil euros, y si, tal y como ahora se ha anunciado, la jubilación la alargo hasta los 70 años, habré estado cotizando 50 años y me quedará una pensión de 600 euros".

El problema es que es un problema de derechos no reconocidos, puesto que José Antonio asevera que no le importaría aportar más a las arcas públicas si con ello consiguiera equipararse a los asalariados. "No tiene sentido. Si cotizas igual deberías percibir lo mismo, no?", inquiere.

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