Los portavoces de los diferentes grupos municipales que acudieron a la apertura de las tres comisiones de investigación aprobadas en diciembre de 2015 acordaron dejar sobre la mesa dos de ellas: la relativa a la denuncia contra Jorge Romero, el alcalde, por el nombramiento de los habilitados nacionales, y la encargada de analizar qué consecuencias tendrá para el Ayuntamiento si es declarado administrador de hecho de las empresas municipales y su deuda. Ambas cuestiones están bajo tutela judicial y ése fue el motivo por el que, de forma unánime, los representantes políticos de las formaciones presentes (PA, PSOE, PP y Los Barrios Sí se Puede, el PIBA no acudió a ninguna) optaron por dejarlas sobre la mesa de momento.

Finalmente, solo proseguirá la que tiene como objetivo analizar cómo accedió Salvador Puerto, actual portavoz municipal del PSOE, a su trabajo como informador de la televisión barreña.

La primera decisión tomada por los componentes de esta comisión fue solicitar dos expedientes. Uno al equipo jurídico del Ayuntamiento para que informe sobre la denuncia iniciada por Salvador Puerto para recuperar su puesto de trabajo tras ser despedido; y otro al departamento de Personal para que traslade a los miembros de la comisión el proceso de selección, si es que lo hubo, que permitió al socialista ocupar ese puesto de trabajo.

La delegada de Personal, Isabel Calvente, fue nombrada presidenta de las tres comisiones por decisión del alcalde, y también ha sido designado el funcionario que ejercerá de secretario en cada una de las sesiones que se celebren en adelante.

El alcalde, Jorge Romero, espera que esta comisión, en la que también se debatirá cómo accedían los trabajadores a las empresas municipales y a las diferentes plazas habilitadas por el Ayuntamiento, pueda aclarar algunas sospechas. Dudas que tienen que ver con la afirmación -ya hecha por los andalucistas en algún pleno- sobre el clientelismo político que mantenía el PSOE en la gestión del personal contratado.

"Se enfadan mucho cuando hablamos de esto, y ahora resulta que sospechar es un delito. Pero nosotros queremos aclarar ciertas afirmaciones que nos han hecho algunos trabajadores y certificar si estas sospechas son infundadas o no. Por eso una de las peticiones que haremos en el seno de esa comisión será solicitar los listados de militantes del PSOE para cotejarlos con los trabajadores que eran contratados. Disponemos de pruebas que nos hablan de una vinculación real entre los afiliados al partido y los trabajadores que ha tenido este Ayuntamiento. Lo que queremos saber es si eso generó alguna situación ilícita", señaló Romero.