El pleno de la Diputación Provincial de Cádiz correspondiente al mes de octubre aprobó por unanimidad prorrogar el plan de financiación de los servicios de transferencia, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos para 26 municipios de la provincia de Cádiz menores de 20.000 habitantes.

La oportunidad de prorrogar este plan, aprobado para un período inicial entre 2012 y 2015, fue defendida por la vicepresidenta segunda de Diputación y responsable del área de Desarrollo Sostenible, Maribel Peinado.

La nota hecha pública por la Diputación justificaba así esta nueva aportación económica: "La recogida, transferencia y tratamiento de los residuos sólidos urbanos es una competencia municipal, que debe autofinanciarse con las tasas repercutidas a la ciudadanía. Sin embargo, las limitaciones económicas de los Ayuntamientos -sobre todo los de municipios pequeños-, sus problemas para ir enjugando la deuda con las concesionarias del servicio y la pérdida de poder adquisitivo han justificado programas de asistencia económica asumidos por Diputación".

Sin embargo, la aprobación del pago de una subvención total de 550.000 euros no incluía a tres municipios del Campo de Gibraltar -Castellar, Jimena y Tarifa-, que sí cumplen con el requisito de población exigido al ser pueblos con menos de 20.000 habitantes. La pregunta, entonces, es clara. ¿Por qué no están incluidos en la subvención? Responsables de la Diputación Provincial de Cádiz explicaron a este diario que la ausencia de estos tres municipios se debe a que sus servicio de recogida y tratamiento de basuras -gestionados por Arcgisa- están ajustados al precio del recibo. Por tanto, como el precio que cuesta llevarlo a cabo está en equilibro con el precio que cobran, no requieren ayudas.

Sin embargo, esta respuesta no ha dejado satisfechos a los responsables políticos de los municipios que han quedado fuera, que consideran que tener un servicio no deficitario debería ser un valor añadido y no una realidad que vaya en su contra.

Esta fue la reacción, por ejemplo, de Juan Casanova, alcalde de Castellar, quien ya ha anunciado que preguntará a los responsables de la Diputación por qué esta "discriminación" con su municipio. "Creemos que si ya tenemos un buen servicio, la subvención que nos corresponde podría ayudarnos a mejorarlo, adquiriendo nuevos contenedores o realizando mejoras pendientes", añadió Casanova.

El alcalde de Jimena, Pascual Collado, señaló que pedirá a la Diputación que regule o apruebe compensaciones para aplicarlas a distintos fines, campañas o mejora del servicio de basuras.

"Todos los municipios, más aún los pequeños, hemos hecho un gran esfuerzo a pesar de la crisis por mantener un buen servicio. Por eso creo que debemos ser compensados de algún modo", comentó Pascual Collado.

El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz Giráldez, señaló que tratará este asunto de manera directa con los responsables de la institución provincial.

Responsables de la Diputación reiteraron, vistas las reacciones de los alcaldes, que éste es un plan quinquenal que ya se encontraron aprobado y que, de cualquier modo, éste será el último año en que estará vigente.

No será fácil convencer a los alcaldes para que olviden un plan de financiación, aprobado para cuatro años (2012-2015), y que ha deparado una transferencia de subvenciones cifrada en 4,2 millones de euros. En aquel momento, y según la nota emitida por Diputación tras la aprobación de la prórroga, "entonces se estimaba que al término del citado plan los Ayuntamientos ya estarían en condiciones de afrontar todo el coste gracias a una revisión paulatina de las tasas. Sin embargo este objetivo de autofinanciación aún no se ha logrado por lo que Diputación ha vuelto a convenir la prórroga de las subvenciones para el año 2016", señalaron, añadiendo que la ayuda consignada de 550.000 euros corresponde al ejercicio en vigor.

Los 26 municipios incluidos en esta iniciativa sumaron en el año 2015 más de 71.000 toneladas de residuos sólidos urbanos. La subvención que recibirá cada Ayuntamiento estará determinada por el tonelaje de basura generada en cada localidad y su población, si bien se añaden elementos de ponderación para ayudar a los que tienen menos habitantes y por tanto menor capacidad económica. En cualquier caso, vistas las cifras y atendiendo a que tienen una población similar, cada uno podría recibir una cantidad de más de 20.000 euros.