Las causas por construcciones ilegales se duplican en un año en la comarca

  • La Fiscalía alerta del aumento de este tipo de delitos a pesar de conllevar penas de cárcel

  • El retraso de las administraciones en actuar conlleva que las edificaciones sigan en pie

Un derribo de una vivienda ilegal en Tarifa. Un derribo de una vivienda ilegal en Tarifa.

Un derribo de una vivienda ilegal en Tarifa. / e.s.

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Un vecino de Tarifa construye una vivienda de una planta y 110 metros cuadrados. Amplía también otra vivienda existente y añade un gran porche, un espacio destinado al solaz en un entorno privilegiado: el Parque Natural del Estrecho. Una primera o segunda residencia de ensueño si no fuera porque esa edificación se ha hecho fuera de la ley, en un suelo no urbanizable de protección especial, en el que es imposible legalizarla. El resultado posible de este caso real es una condena de dos años de prisión y multa de 15 meses. Y la obligación de proceder a la demolición de la construcción ilegal.

Ese es el delito tipo contra la ordenación del territorio que se da en el Campo de Gibraltar, al igual que en otras zonas de Andalucía. Y que en el último año ha proliferado, a juzgar por los datos que recopila la Fiscalía de Medio Ambiente del Área de Algeciras: entre 2015 y 2016, el número de causas por construcción ilegal que tramita se ha duplicado. El crecimiento del número de procedimientos incoados en esta materia no es único de la comarca: según explica la Fiscalía de Cádiz en su memoria del año 2016, se ha roto la tendencia de reducción de la actividad edificatoria ilegal. Pero en el caso del Campo de Gibraltar, especialmente del entorno de Los Barrios, Algeciras y Tarifa, este tipo de delitos tienen una especial relevancia al existir dos parques naturales, los de Los Alcornocales y del Estrecho.

Según explica el fiscal de Medio Ambiente de Algeciras, Gonzalo Fernández, dentro del tipo de construcción ilegal entran todo tipo de edificaciones, desde viviendas a ampliaciones o una piscina. Años atrás se daban bastantes casos en la zona de Pelayo, ahora destaca el término municipal de Tarifa. El Seprona es la fuente principal de los casos que llegan a la Fiscalía, aunque también hay denuncias de la Junta, los ayuntamientos o los ecologistas.

"El gran problema es que cuando llegan a la Fiscalía las construcciones ya están muy avanzadas, cuando no terminadas", señala Fernández. El primer filtro contra el delito urbanístico son los ayuntamientos y la Junta de Andalucía a través de los agentes de medio ambiente, que pueden abrir expedientes sancionadores para que se devuelva a su estado original la realidad física alterada. En esos expedientes se pueden tomar medidas cautelares de paralización, pero estas son incumplidas en la mayoría de los casos; en ocasiones se ha detectado que ni siquiera se ha instalado el precinto policial para impedir la continuidad de la obra. O directamente no se ha abierto expediente. De hecho, la Fiscalía de Cádiz ha llegado a alertar de la "permisividad" de las administraciones, especialmente de los ayuntamientos, y avisa que ha llegado a iniciar acciones penales por desobediencia. Por ahora, no en el Campo de Gibraltar.

Esto dificulta el objetivo final de los encargados del control de la ordenación del territorio: restaurar la legalidad urbanística. Según explica el fiscal "a veces, si se actúa de forma rápida desde disciplina urbanística, en los momentos iniciales de una obra, se puede paralizar y derribar, devolviendo el suelo a su estado inicial. Y eso puede ser un atenuante, incluso archivar el procedimiento". Pero el caso más común es el contrario: cuando los casos se judicializan las construcciones están prácticamente terminadas y ya no sirve de nada que se dicte una medida cautelar.

En ese caso solo queda seguir el procedimiento judicial, que puede conllevar penas de prisión de entre un año y seis meses a cuatro años (con multa de doce a veinticuatro meses) en los casos de construcción en suelos urbanizables de especial protección. Y que lleva aparejada habitualmente la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada a cargo del promotor o constructor, con el ayuntamiento correspondiente o la Junta como responsables de ejecutar el derribo con cargo al condenado si este no lo efectúa. Ese es el gran caballo de batalla: esas demoliciones se demoran durante años porque el condenado no las ejecuta y las administraciones "suelen alegar que no tienen recursos".

Frente a esta realidad los fiscales de Medio Ambiente están pidiendo que se ligue la suspensión de condena, que evita la entrada en la cárcel de aquellos condenados con penas bajas, a la demolición de lo construido, aunque no están teniendo éxito en todos los casos. El resultado final es que las construcciones ilegales permanecen y envían un mensaje poco edificante para los que quieren infringir la ley.

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