Campo de Gibraltar

La arena del Guadiaro, a la espera del acuerdo entre administraciones

  • Más allá de la pelea política, Gobierno, Junta de Andalucía y Ayuntamiento siguen sin aportar soluciones a los 80.000 m3 de arena que según Ruiz Boix se acumulan en el río

Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz celebrado ayer en la iglesia de Santa María en Tarifa.

Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz celebrado ayer en la iglesia de Santa María en Tarifa. / erasmo fenoy

De los medios de comunicación al pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, y viceversa. La disputa entre administraciones por las competencias del río Guadiaro se trasladó ayer al pleno provincial celebrado en la iglesia de Santa María, en Tarifa. Horas más tarde, la Subdelegación del Gobierno contestó al debate generado en la sesión ordinaria.

El enésimo desacuerdo entre administraciones para solucionar el problema de la acumulación de arena surgió en la exposición de la petición del grupo socialista, defendida por el vicepresiente provincial y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, que solicitó la apertura urgente del estuario. A la disputa competencial que se mantiene desde hace semanas, se añadió ayer un nuevo elemento. ¿Cuánta arena espera a ser retirada en el río?

Ruiz Boix habló de 80.000 metros cúbicos. La Subdelegación del Gobierno, que no ofreció cifra alguna, calificó el dato de muy atrevido y pidió al alcalde sanroqueño que muestre de dónde extrae sus conclusiones. La Subdelegación señaló que todos los estudios existentes realizados por el Ministerio de Agricultura y Pesca ponen de manifiesto que el problema de las playas situadas al sur de la desembocadura proviene precisamente de la ausencia de arena aportada por el río.

Ruiz Boix, que inició el debate político en el pleno, criticó los continuos cambios de posición del Gobierno central, que ayer mismo señalaba a la Junta de Andalucía como única administración competente, cuando hace unas semanas apuntó al Ayuntamiento como responsable y hace un año solicitó la apertura de un expediente entendiendo que los trabajos que había realizado el consistorio sanroqueño eran de competencia estatal.

El alcalde de San Roque manifestó que en el río esperan a ser retirados 80.000 metros cúbicos de arena y criticó que tengan que ser los vecinos quienes, con sus propios medios, se vean obligados a abrir la desembocadura. "Lo que le pedimos al Gobierno es que se aclare de una vez por todas y asuma sus competencias como lo hizo en Conil con el río Salado", añadió Ruiz Boix.

Carlos Mescua, miembro del PP en el pleno sanroqueño y en Diputación, contestó a las palabras del vicepresidente socialista argumentando que no acude a las instituciones como alcalde, y que su única intención es hacerse la foto. El portavoz recordó al plenario que el cierre de la desembocadura del río se produce cada año y que, por tanto, es un problema medioambiental que compete a la Junta de Andalucía.

Nuevamente, Mescua volvió a esgrimir la existencia de una concesión administrativa en 2011 solicitada por el municipio y, una vez más, Ruiz Boix reiteró que fue una petición concreta para una actuación concreta -la construcción de los espigones en la playa de Sotogrande- a la que renunció posteriormente.

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz reaccionó apenas tres horas más tarde al debate vivido en Tarifa, y emitió un comunicado en el que el subdelegado, Agustín Muñoz, volvió a pedir al alcalde de San Roque que deje de confundir a la opinión pública y "exija a la Junta de Andalucía a que ejerza sus competencias, y asuma su parte por la concesión administrativa que tiene otorgada su Ayuntamiento".

Muñoz dijo que quiere conocer "de modo oficial y no por capítulos a través de los medios de comunicación" si el Ayuntamiento ha pedido oficialmente renunciar a la concesión otorgada por la Junta de Andalucía y si ésta ha sido aceptada. "Por más que se empeñe el alcalde, a Costas en ningún momento se le ha comunciado renuncia alguna por el titular de la concesión, que no es otro sino el Ayuntamiento sanroqueño", añadió Muñoz en la nota.

La Subdelegación reconoce en el comunicado que la apertura de la desembocadura del río Guadiaro realizada por el Ayuntamiento el año pasado contrajo la apertura de medidas previas informativas para aclarar lo ocurrido por ser la Demarcación de Costas, "la administración competente en materia sancionadora por tratarse de actividades realizadas en Dominio Público Marítimo Terrestre sin contar con título habilitante".

Sin embargo, en el párrafo siguiente afirma: "Cosa distinta son las competencias que ostenta la Junta de Andalucía en materia de protección del medio ambiente, la fauna y flora, así como los espacios protegidos, que le permiten actuar de la manera que mejor considere para su preservación".

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