El pleno de Tarifa aprobó ayer de forma definitiva el plan económico y financiero para el período 2017-2018. Este documento, que rige la gestión económica municipal sometida a planes de ajuste, incluye, como ya se anunció el pasado mes de junio en el debate de su fase inicial, la reducción del tipo del 0,68 al 0,64 del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a partir de 2018.

Esta reducción tiene como objetivo equilibrar, en parte, la subida del valor catastral. El alcalde, Francisco Ruiz Giráldez, señaló que esta menor tipo supondrá para algunos vecinos la congelación del impuesto y para otros, incluso una bajada en el recibo del próximo año.

El socialista destacó que la gestión económica que está realizando su equipo de gobierno junto a Ganar Tarifa-Izquierda Unida y Partido Andalucista está permitiendo la contención del gasto y la reducción, por ejemplo, de 38 a 31 millones de euros de la deuda pendiente con la Seguridad Social y el descenso, casi a la mitad, de los pagos pendientes con Hacienda.

Tal y como anunció el Ayuntamiento hace ahora un mes, el documento expuesto a los miembros del pleno marca unas pautas y un escenario económico caracterizado "por la contención del gasto municipal y el mantenimiento de los ingresos sin renunciar a poder aliviar las cargas del contribuyente". El equipo de gobierno defiende la necesidad de realizar una gestión económica basada en los criterios de eficacia, eficiencia y control del gasto.

Criterios que pasan, en primer lugar, por el pago del corriente de las cuotas de la Seguridad Social y Hacienda desde que llegaron a la Alcaldía, y que han permitido al Ayuntamiento un primer desbloqueo del 25% de los ingresos correspondientes a la Participación de los Ingresos del Estado (PIE), denegados a las arcas municipales desde 2010 como consecuencia de las deudas pendientes de abonar.

Esta primera línea de ingresos, valorados en 806.880,36 euros, permite al Consistorio continuar con la liquidación de los pagos contraídos con las administraciones y negociar al mismo tiempo que se libere hasta el 50% de la PIE, que asciende a un total de más de 3,2 millones de euros.

La Diputación Provincial de Cádiz, y de la mano de su diputado de Servicios Económicos, Jesús Solís, está sirviendo de voz e intermediario ante el Ministerio de Hacienda para que dicho desbloqueo se produzca y se pueda pactar el definitivo abono de la deuda. El acuerdo al que se ha llegado incluye el compromiso de que parte de los más de 800.000 euros del 25% inicial sean destinados al pago de lo inaplazable, un porcentaje de la deuda completa, que supera los 30 millones de euros.

Cuando el Ayuntamiento salde la cantidad considerada como inaplazable -en torno a unos 3 millones de euros- con aportaciones propias y de la Diputación Provincial de Cádiz, esto podría permitir al municipio de Tarifa recibir los ingresos íntegros que le corresponden del Estado.

Noelia Moya, responsable de Hacienda, declaró hace apenas una semana que el gobierno local espera conseguir mayor confianza por parte de los funcionarios y responsables de la hacienda pública para conseguir los esperados desbloqueos, primero del 50% y, más tarde, del total de la financiación.

"El gobierno local va obteniendo liquidez poco a poco y lo hace como resultado de una política de austeridad en la que se priman las acciones sociales afrontando a la vez las cuantiosas deudas con distintas administraciones", dijo.