El equipo de Gobierno aprobó ayer la modificación puntual de elementos del PGOU del área 017-SR, -que afecta a la parcela en la que se ubica el centro comercial Agrojardín-, con los votos en contra de los concejales del Partido Popular y PIVG.

El portavoz del PP, José Cabrera, indicó que aunque su grupo aprobó este cambio de elementos urbanísticos en la Gerencia de Urbanismo, las condiciones han cambiado. "Se nos dijo que era una iniciativa del Ayuntamiento para construir viviendas sociales y se iba a prolongar un viario hasta la zona de Agrojardín, ahora creemos que los grandes beneficiados son los propietarios del suelo, uno de ellos el dueño de Agrojardín que está relacionado con la trama urbanística de Estepona y hasta que no se aclaren las cosas no lo vamos a apoyar", argumentó Cabrera. Además, añadió que el Ayuntamiento no tiene que ser tan previsor cuando ya se contempla por ley una reserva de suelo del 30% para viviendas sociales que se incluye en el nuevo Plan General.

El concejal de Urbanismo, José Antonio Ledesma, indicó que la modificación puntual de elementos es un instrumento de trabajo totalmente legal que es utilizado por todos los ayuntamientos. En la réplica, Cabrera explicó que cuando se aprobó en la Gerencia no había nadie detenido, fue después cuando Antonio Bazán, fue relacionado con ilegalidades urbanísticas. Además, añadió que la Delegación de Obras Públicas, que en última estancia debe aprobar definitivamente la modificación, no va a estar a favor porque existen asuntos legales pendientes. "No se trata de necesidades públicas como la modificación de la parcela de San Enrique para el centro de salud, en este caso son privadas", añadió el edil popular.

Por su parte, Jesús Mayoral, indicó que el problema está en que se "está exprimiendo un Plan que es de 1987, un plan que lleva 9 años estancado y en el que nos estamos gastando un dineral sin que se apruebe" e incidió en que "las cosas tienen que estar muy claritas". Ledesma apuntó que no sólo era así sino que esta actuación está aplaudida por la Junta.

El alcalde, José Vázquez, intervino únicamente en este punto para aclarar que "en este Ayuntamiento está todo claro y si alguien conoce algo oscuro que lo denuncie".

El Pleno también aprobó tras un largo debate, la moción de José Antonio Ledesma sobre la adquisición de las antiguas instalaciones de la Guardia Civil en Torreguadiaro, por unos 516.000 euros. El concejal de Urbanismo informó que la negociación con el Ministerio de Defensa se extendía ya a cuatro años y en la parcela de 3.800 metros cuadrados se construirán viviendas sociales y equipamientos.

El PP y el PIVG consideraron que debían construirse tan sólo equipamientos para la barriada. Finalmente votaron a favor con la salvedad de que las viviendas se construyan por Emroque y sean para ciudadanos del municipio.