El grupo municipal socialista de Algeciras pidió ayer la dimisión de las concejalas de Contratación y Bienestar Social, Eva Pajares y Paula Conesa, tras conocerse que el Ayuntamiento deberá indemnizar a la empresa Adisa por la adjudicación en falso del servicio de ayuda a domicilio a ADL.

El PSOE recordó ayer al PP que los tribunales consideran que la mesa que propuso la adjudicación del servicio de Ayuda a Domicilio en 2012, "gestionada por sus delegadas de Contratación y Asuntos Sociales, quebrantó el principio de igualdad que debía presidir el procedimiento de contratación".

Las sentencias no dejan lugar a dudas. El PP favoreció a una determinada empresa, dándole la oportunidad de corregir su oferta económica, lo que era imposible por ley. Estamos ante una responsabilidad política del alcalde y sus concejalas, que solo reconocen las dos delegadas, que llegan a jugar con las cantidades que tendrán que pagarse como indemnización a la empresa que no resultó adjudicataria del servicio, cuando es el dinero de todos los algecireños y tendrá que decidirlo la justicia", afirmó el portavoz municipal socialista, Fernando Silva.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la sentencia que ratifica la adoptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Algeciras, deja claro que la propuesta de un precio por hora que presentó la empresa ADL, a la que se adjudicó el servicio de ayuda a domicilio, "se apartaba manifiestamente del precio alzado que establecía la cláusula cuarta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares" del concurso. Y añade: "la Mesa carecía de atribuciones legales para subsanar el error que cometió ADL en su oferta económica".

El TSJA sostiene también en su sentencia que la irregular oferta económica no se trata "de un mero defecto u omisión en la documentación administrativa o solvencia técnica presentada por el licitante (…), sino de un error insubsanable porque afectaba directamente a la proposición económica y documentación cuantificable de forma automática, y por tal motivo la Mesa tendría que haber desechado el modelo presentado".

"La responsabilidad política del alcalde es tan evidente como la de sus concejalas. Claro que es un error, un grave error más que cargar a las cuentas municipales, como el caso del parking La Escalinata, que impulsó Landaluce en 2000, en su primera época de gobierno, y por el que tendrán que afrontarse cantidades millonarias y daños urbanísticos de muy difícil reparación", concluyó Fernando Silva.