En la sesión plenaria más larga de la Diputación provincial en lo que va transcurrido de mandato hubo tiempo para todo, o para casi todo. El Pleno abordó asuntos de calado para la provincia y otros que, como suele ocurrir en ocasiones, se alejan de cuestiones gaditanas y terminan en debates que no llevan a nada. De todo en casi seis horas.

Como ya se adelantó ayer, la Diputación aprobó un plan de rescate a los ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes y un plan financiero para devolver la estabilidad presupuestaria a la Diputación. El PSOE tuvo el apoyo de IU y PA para pedir el cese del gerente del Consorcio de Bomberos, que los votos del PP no respaldaron, mientras los trabajadores protestaban con música a las puertas del Palacio. El PP reprobaba al diputado de IU, Pedro Romero, por participar en el asalto del SAT al supermercado de Arcos, en uno de los momentos quizás más tensos de la jornada. Y por unanimidad salía adelante, después de otra larga discusión, pedir a la Junta de Andalucía que pague la deuda de políticas sociales con la institución. A todo esto, varios trabajadores de La Línea no bajaron su cartel de protesta para que le abonen las nóminas.

Los puntos económicos llevaron el peso del debate para abrir y terminar el Pleno. Primero, con el plan económico financiero y por último con el fondo extraordinario para ayuntamientos con problemas económicos. En el primero el Partido Popular fue el único que votó a favor; en el segundo contó con IU y PA -Foro se había ausentado-, con la abstención del PSOE.

La oposición opinó que aunque la cuantía del rescate, 2,5 millones disponibles, para los pequeños ayuntamientos es de momento "insuficiente" considera buena la iniciativa, que prestaría sin intereses el dinero para las nóminas a varios municipios, para empezar a Los Barrios, Prado del Rey y Barbate. La Línea se queda fuera de esta ayuda por el condicionante de la población. "Tenemos la obligación moral de paliar la situación de estos ayuntamientos menores. Estamos haciendo nuestro trabajo y sacando dinero de debajo de las piedras", manifestó Juan Antonio Liaño, responsable Económico de la Diputación. Como ya dijo Liaño, el fondo aprobado se ampliará a ocho cuando la Junta pague lo que debe a Diputación en servicios sociales. Para el socialista Román, eso podía valer "para los 10 que debe el Ayuntamiento de Cádiz o para paliar el regalito de Jerez -que ha abandonado el Servicio de Recaudación-".

El PSOE, como también anunció, presentó otra propuesta con un fondo que alcanzaría los 10 millones de euros. El caso es que la oposición apoyó a la vez esta inicitativa, rechazada con los votos del PP. "Lo aprobado es para 25.000 habitantes y es una novedad que se ha incluido a las diez menos cuarto de la mañana", se quejaba el portavoz del PSOE del plan que finalmente se llevará a cabo, algo que deja fuera a La Línea, que sí cumple el resto de requisitos.

Los mismos protagonistas tuvo el debate del plan financiero, Liaño y Román. Desde el gobierno provincial se volvió a aclarar que el proyecto es para cumplir la estabilidad presupuestaria por un desequilibrio de 10 millones de euros y que se hace "para cumplir la ley". Román criticó que el "peso caiga siempre sobre los trabajadores públicos". "No se reduce plantilla. Los ciudadanos nos han puesto para llevar bien las cuentas y usted sabe cuál es la realidad. No se tiré más faroles", le replicó el popular. Este proyecto permitiría a Diputación tener 25 millones de superávit.

Otra discusión se alargó más de lo necesario para al final apoyarla por unanimidad. Todos los grupos instaron a la Junta a que "afronte la deuda contraída en políticas sociales correspondientes a convenios de 2011 y 2012 a la mayor urgencia posible". Según el PP, seis millones. Según el PSOE, Diputación debería haber firmado ya el convenio con los ayuntamientos para dar el dinero. Según IU, "la situación es tan grave que los ayuntamientos no hemos recibido ningún euro de asistencia a domicilio y tenemos a trabajadores". Entonces llegaron los reproches al diputado para que apremie a sus compañeros del Gobierno andaluz y se subió el tono entre los ponentes del PSOE y PP, Antonio García y María Naval. Loaiza pide el voto y... todos a favor. "Menos mal que iba a ser aprobado por unanimidad", dice. La réplica llegó con otro punto para que el Estado pague los más de 1.000 millones que adeuda a Andalucía y que fue rechazado.

Y en el último lío, sin contar con las urgencias, venía la reprobación al diputado provincial de IU y alcalde de Espera, Pedro Romero, por participar en el llamado asalto del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) a un supermercado de Arcos. Un grupo de representantes políticos y alcaldes de la provincia de la formación izquierdista se pusieron detrás de Romero para mostrarle su apoyo en una reprobación de la que dijo sentirse "orgulloso por venir de quien viene".

Antes, la vicepresidenta Mercedes Colombo defendió que "no se puede permitir que un cargo público actúe así". "La violencia genera violencia y rechazamos la estrategia de asaltos del SAT y lamentamos sus negativas consecuencias de imagen para la provincia y destrozos", apuntó Colombo, que criticó las palabras de Romero que pronunció en su día "que quien lleva meses robando a los españoles es el PP".

El diputado del PA, Jesús Plaza, argumentó para votar en contra "que este no es el caso de lo que pasó en Arcos, donde no hubo ni intimidación ni violencia". Algo parecido a lo que manifestó el PSOE. "Defender unos valores no son constitutivos de delito. Hay que tener más argumentos", aseguró Irene García.

El diputado reprobado insistió en su discurso de "orgullo" y que ni a él ni a la clase trabajadora "le interesa la farsa del PP". Según aludió, "no tengo ninguna denuncia porque no he cometido ningún delito", sacando una lista de otros personajes a los que, a su juicio, sí se debería reprobar. "Viva la lucha obrera", gritaron los que le respaldaron entre aplausos. Minutos de tensión entre el público.

Se habían aprobado pese a todo 22 de los 27 puntos y aún quedaba por tratar el fondo de rescate. "Hay 800 familias sin cobrar y llevo aquí más de cinco horas aguantando la pancarta", se quejaba uno de los manifestantes de La Línea pasadas las tres y media de la tarde.