El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ángel Acuña, recordó al subdelegado de Gobierno en la provincia, Agustín Muñoz, que la responsabilidad de actuar en la desembocadura del río Guadiaro para retirar la arena y evitar la mortandad de peces es estrictamente de la Demarcación de Costas. Esto es porque el estuario tiene la condición de Dominio Público Marítimo-Terrestre y según establece la legislación es responsabilidad del Gobierno central actuar "para asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático" (artículo 2 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas).

Así lo expuso por escrito el delegado de Medio Ambiente en un documento enviado la pasada semana a la Demarcación de Costas y en el que insta al Gobierno central a actuar en el uso de sus competencias, al tiempo que tiende la mano y recalca que "no habría inconveniente por parte de esta Administración en conceder la autorización necesaria en el momento en que fuese solicitada por la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico, como ya hemos hecho en años anteriores dentro de la máxima colaboración institucional".

Costas no puede esquivar esta tarea ni tampoco discriminar a San Roque"

Acuña lamentó no sólo el desconocimiento de la legislación del actual subdelegado del Gobierno, "que parece no saber cómo han actuado sus predecesores en episodios similares anteriores", sino le reprocha que "trate de despistar y confundir a la opinión pública con un escrito en el que intentan eludir la responsabilidad que les otorga la ley y que entra en contradicción con sus propias declaraciones de estos días en las que recuerda que es el Gobierno central la administración competente en lo que se refiere al Dominio Público Marítimo-Terrestre".

En el escrito se reitera, con independencia de su afectación a un espacio protegido, el estuario del río Guadiaro tiene la condición de Dominio Público Marítimo-Terrestre, por lo que es su obligación y no sólo "un asunto de su interés" actuar en la zona.

Para Acuña, no es de recibo que "el año pasado la excusa para no actuar fuera que aún no habíamos concedido la autorización a Costas para ello, lo que finalmente se hizo el mismo día en que llegó la solicitud (24 de agosto), y este año sin embargo la excusa sea la falta de competencias". "Si de verdad no fueran competentes no estarían realizando estas actuaciones desde el año 2011, unas obras que pagan y a las que destinan recursos públicos, fiscalizados y autorizados", añadió.