El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ángel Acuña, recordó ayer al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que la ejecución de las depuradoras de Barbate, San Roque, Sanlúcar, Trebujena y San Martín del Tesorillo "es una tarea que tiene que realizar el Estado no por un acto de buenismo o colaboración más o menos forzada por la ciudadanía o las circunstancias, sino simplemente porque lo dice la Ley".

El delegado de Medio Ambiente ha recalcado que el anexo con el listado de inversiones del Plan Hidrológico Nacional, que data de 2001, incluye la ejecución de la infraestructura necesaria para el saneamiento y depuración de estas localidades como obras de interés general del Estado. Por el contrario, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con rango de Ley Orgánica, dice que la comunidad autónoma hará las depuradoras salvo precisamente aquellas catalogadas como de interés general del Estado.

Según reiteró Acuña, la Ley 11/ 2005 que modifica el Plan Hidrológico Nacional dice en su artículo 36.3 que "las correspondientes leyes de presupuestos recogerán los compromisos de gasto adecuados y suficientes para hacer frente al citado plan de inversiones", de lo que deduce que esa inversión del Estado debe ser un "imperativo" y "no algo graciable". Por lo tanto, "el señor Sanz falta a la verdad porque la ejecución por parte del Gobierno central de esas depuradoras mencionadas es simple y llanamente el cumplimiento de la Ley por parte del Estado".

"Las declaraciones del señor Antonio Sanz son incomprensibles, ya que parece desconocer la ley y, sobre todo, el trabajo y los acuerdos a los que llega su propio gobierno", añadió el delegado de Medio Ambiente.

"La Junta aporta el 71% de los fondos a ese protocolo que va a permitir que el Gobierno central cumpla de una vez con la ley 16 años después de promulgarse", apuntó Acuña, que añadió que "nos alegramos de que aunque llegue con retraso por fin el Estado y el señor Sanz se hayan dado cuenta de que esas depuradoras son un compromiso legal que todavía no han cumplido y que tienen que ejecutar porque es un derecho de los ciudadanos".