Jueces y fiscales de todo el país están llamados a protagonizar una jornada histórica: la primera huelga conjunta de ambos colectivos en demanda de "un sistema judicial moderno y eficaz". Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales se han puesto por primera vez de acuerdo para llamar a la huelga a sus asociados, que expresan su hartazgo ante la falta de inversión y el "desdén" con el que se trata a uno de los poderes del Estado. Y advierten que no van a cesar en sus reivindicaciones: ese hartazgo podría llevar a la convocatoria de una huelga indefinida en el sector judicial.

"Las medidas de protesta se han hecho imprescindibles ante el autismo de los sucesivos gobiernos", resaltaban ayer los jueces en un comunicado. Las peticiones que formulan se pueden considerar ya clásicas: la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un plan de inversión prolongado con incremento de la planta judicial y fiscal y la creación de 300 plazas anuales durante cuatro años o la eliminación de los recortes llevados a cabo durante la crisis en materia salarial y social. También se reclama la determinación de la entrada máxima de asuntos por juzgado o tribunal y la consiguiente creación de órganos judiciales suficientes, algo que tiene especial incidencia en el Campo de Gibraltar, para el que se ha aprobado la creación de un juzgado más de lo Social y otro de Primera Instancia ante la elevadísima carga de trabajo que soportan esas áreas, pero que también necesitaría un juzgado más en San Roque y otro magistrado para la sección algecireña de la Audiencia Provincial.

Se pide una dignificación de los jueces de las nuevas promociones, un adecuado proceso de digitalización y, en el caso de la comarca, una mejora notable de las instalaciones: hay problemas de espacio, se han visto ratas y, sobre todo, no hay una seguridad suficiente, denuncia el sector judicial.

El juez decano de Algeciras, José Alberto Ruiz, confiaba ayer en que hubiera un elevado seguimiento de la huelga entre los jueces, teniendo en cuenta también que los servicios mínimos son elevados. En los cuatro días de paros casi 2.000 jueces y unos 800 fiscales han respaldado la iniciativa de las asociaciones. Y el pasado 4 de mayo más de 200 jueces y fiscales se concentraron ante el Ministerio de Justicia para exponer estas mismas reivindicaciones y pedir la dimisión del ministro Rafael Catalá por sus "injerencias" en la labor de estos profesionales. Del resultado de esta nueva convocatoria y la respuesta del Gobierno dependerá que se llegue o no a una inédita huelga indefinida judicial.