La Fiscalía propone otros 10 años de inhabilitación para Juan Andrés Gil

  • El exalcalde de Tarifa será juzgado por autorizar conciertos en la venta El Tito pese a regir una prohibición expresa

  • Gil sigue como presidente del PP local aunque tiene ya una condena

El exalcalde de Tarifa Juan Andrés Gil se dirige a los juzgados, en febrero de 2016. El exalcalde de Tarifa Juan Andrés Gil se dirige a los juzgados, en febrero de 2016.

El exalcalde de Tarifa Juan Andrés Gil se dirige a los juzgados, en febrero de 2016. / E. fenoy

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El exalcalde de Tarifa Juan Andrés Gil (PP) será juzgado próximamente por la supuesta comisión de un delito de prevaricación. La Fiscalía pide para Gil que la Justicia le imponga una condena de diez años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público, el máximo para este tipo de reproche penal.

El caso se remonta al verano de 2014, cuando Gil autorizó la celebración de varios conciertos en la venta El Tito como actividades paralelas al mundial de kitesurf pese a que regía una prohibición expresa. Así se desprende del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Sur, donde se reseña que en los meses de agosto y septiembre de 2014 Tarifa acogió el citado campeonato deportivo en la playa de Los Lances.

La playa se encuentra dentro del parque natural del Estrecho, por lo que la Junta de Andalucía, a través de la delegación territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, concedió en su momento a la organización la autorización para las pruebas deportivas denegando expresamente la autorización para que se desarrollaran conciertos. La denegación de los eventos musicales se sustentaba, según la administración regional, en la necesidad de evitar molestias de consideración a la fauna, especialmente a las aves.

Juan Andrés Gil, sin embargo, autorizó los conciertos, lo que en su día le valió a la empresa organizadora del mundial la apertura de un expediente sancionador por parte de la Junta.

El escrito de la Fiscalía, por el que se solicita la apertura de juicio oral, estima que Gil era consciente de que se trataba de una decisión contraria a la normativa. "El acusado, pese a conocer que existía esta prohibición, que la celebración de esos conciertos era gravemente perjudicial para el entorno natural, y que para conceder la autorización debía respetar la normativa existente en materia de protección contra la contaminación acústica de Andalucía, aprobada por Decreto [...], no tuvo ningún problema en conceder la autorización para celebrar los conciertos", apunta el escrito. Lo hizo, añade la Fiscal que participa en el proceso, "mediante el dictado de una resolución, el decreto de Alcaldía nº 3.187/2014 en el que, pese a que autorizaba a celebrar conciertos, no hacía mención alguna a la normativa anteriormente referida sobre contaminación acústica".

La Junta de Andalucía alertó al entonces alcalde tarifeño de que había autorizado los eventos en contra de la normativa. Según la fiscal, en el tiempo entre que se emitió el decreto de Alcaldía y la celebración de los eventos musicales, se dirigió un escrito a Gil para recordarle "la imposibilidad legal" de autorizarlos, así como que le asistía la posibilidad de suspenderlos conforme a la normativa de contaminación acústica. "Aún así, el acusado, pese a saber que su resolución era ilegal, y que con el concierto ponía en peligro el bienestar de las aves del parque natural, permitió que los conciertos indebidamente autorizados se celebraran los días 29, 30 y 31 de agosto y 5 de septiembre de 2014".

Pese a este nuevo frente judicial para Gil, que se suma a otra causa abierta por la contratación de personal en el Ayuntamiento y a una inhabilitación ya fallada por la Justicia, el que fuera alcalde de la ciudad se mantiene en el cargo de presidente del Partido Popular de Tarifa sin que la organización haya puesto en marcha un proceso orgánico para su sustitución.

Fuentes del Partido Popular del Campo de Gibraltar admitieron a este periódico que la formación tiene dificultades para encontrar un perfil político para sustituir al que fuera regidor de Tarifa hasta que una moción de censura puso fin a su mandato, en noviembre de 2015. Gil sí entregó su acta como concejal y dejó la Corporación local -no sin apurar al máximo los resquicios legales para dilatar el momento- en noviembre del año pasado, ocho meses después de su primera condena, en marzo del año pasado.

HISTORIAL JUDICIAL

Juan Andrés Gil fue condenado en marzo de 2016 a siete años de inhabilitación por otro delito de prevaricación. Fue a raíz de una denuncia que el PSOE interpuso contra él por el despido de Miguel Ángel Marín, y la contratación de Cristóbal Iglesias, alcalde de Facinas y miembro del Partido Popular tarifeño. Tal y como quedó expuesto en la vista oral, celebrada el 17 de febrero de 2016, Cristóbal Iglesias fue contratado para la realización de trabajos de reforma en el castillo de Guzmán el Bueno sin que fuese convocado ningún proceso de selección ni contratación para tal fin.

El otro caso por el que se espera a Gil en los Juzgados también tiene que ver con la gestión de los recursos humanos en la entidad local. La Fiscalía Anticorrupción solicita otros diez años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación continuada basado en contratación de los hijos de dos concejales del PP como personal laboral indefinido. Ninguno de los dos trabaja ya en dependencias del Ayuntamiento de Tarifa tras ser despedidos con la entrada del actual equipo de gobierno formado por PSOE, Ganar Tarifa-IU y Partido Andalucista en noviembre del año 2015.

La Fiscalía entiende que la firma de los contratos se llevó a cabo al margen de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), sin que existieran vacantes para los mismos, sin tener en cuenta los méritos, sin necesidad de cubrir los puestos y sin ningún objetivo concreto a cubrir. Los dos contratados, que ya han participado en la fase de instrucción del caso, también lo harán en el juicio, que está pendiente de señalamiento.

Fuentes de la Fiscalía de Área del Campo de Gibraltar precisaron a Europa Sur que las condenas por inhabilitación resultan acumulativas. Ante este nuevo procedimiento, y el que tiene pendiente por los contratos, cabe la posibilidad de que Gil pacte una conformidad judicial; un mecanismo contemplado en la ley y basado en asumir la pena sin llegar a la celebración de la vista, generalmente a cambio de una notable reducción en los términos de la condena que propone el Ministerio Público.

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