El fiscal jefe del área de Algeciras, Juan Cisneros, ha ordenado el archivo inmediato y sin más trámites de la denuncia que el pasado 18 de diciembre de 2008 plantearon dirigentes del PSOE de San Roque contra los ediles Fernando Palma, Ramón Ramírez, y José Cabrera, en relación a la adjudicación del 022-TG.

El fiscal jefe ha hecho suyos el argumento utilizado por Palma y Ramírez, en el sentido de que al existir ya unas diligencias previas sobre el particular en el juzgado sanroqueño, por lo que no cabe la investigación del fiscal anticorrupción.

Los secretarios locales del PSOE -Juan Carlos Ruiz Boix, Juan Miguel Martínez, y Herminia Moncayo-, anunciaron que interponían ante la Fiscalía anticorrupción una petición para que los ediles Fernando Palma, Ramón Ramírez, y José Cabrera, fueran investigados. El PSOE interpuso la denuncia al considerar que los responsables del proceso habrían incurrido en delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales público, y cohecho. A juicio de los concejales denunciados, "el PSOE lo que pretendía era hacer ruido, salir en la foto y obtener un titular, sembrando la duda sobre nosotros utilizando a una institución pública como es la Fiscalía Anticorrupción". "Estamos seguros -argumentaron-, que sabían que esa denuncia no iba a prosperar, pero aún así la presentaron como un medio de lograr repercusión mediática".

Los ediles esperan que "ahora pidan disculpas y rectifiquen, además de reconocer que el fiscal ha archivado la denuncia y que sólo lo hicieron para intentar enturbiar el nombre del alcalde y de los concejales".

Por su parte, el secretario local del PSOE sanroqueño informó no haber recibido ninguna notificación de fiscal jefe, pero advirtió a los ediles populares que existen unas diligencias previas interpuestas por la empresa Sotogolf en el juzgado sanroqueño, que creaían archivadas, pero que el fiscal confirma que siguen adelante. "Es una gran satisfacción porque la justicia sigue dilucidando si existió delito", señaló Ruiz Boix. Por otra parte, confió en que la justicia actúe con celeridad y el el juzgado inicie cuanto antes las declaraciones de cara a tener cuanto antes una sentencia. "Lo lastimoso es que una actuación ilegal realizada en 2002 no se haya aclarado siete años después", concluyó.