El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, calificó la nueva la Ley de Sanciones y Antiblanqueo de Capitales como "un acto inaceptable del colonialismo moderno" y explicó que el Peñón ya dispone de un registro de propietarios de las empresas que hará público cuando se acuerde un estándar internacional y se adopte y transponga la próxima directiva de la Unión Europea al respecto.

Picardo escribió al parlamentario británico Andrew Mitchell, uno de los artífices de la enmienda que obliga a los territorios británicos de ultramar a hacer públicos los nombres de los dueños de sus empresas. "Mi gobierno considera que el uso de órdenes unilaterales en el Consejo impuestas sin consentimiento del gobierno del territorio pertinente (o cualquier mecanismo análogo), para legislar directamente sobre un Territorio de Ultramar, equivaldría a un acto inaceptable del colonialismo moderno, que en efecto revertiría en la democracia del lugar, explica el escrito. "No puedo enfatizar lo suficiente lo inaceptable y contrario a la dirección del desarrollo constitucional de Gibraltar que es esta medida. No puede ser más que retrógrada y poner más en duda la naturaleza misma de la relación de consentimiento y respeto mutuo que existe hoy entre Gibraltar y el Reino Unido, con la que estaré comprometido para siempre", continuó. Varios parlamentarios defendieron en la sesión el compromiso "demostrado" de Gibraltar con la transparencia fiscal y alguno recordó que España esgrime esto "para atacar a la Roca".

Picardo subraya que Gibraltar garantiza la transparencia y el intercambio de información en materia fiscal a través de tres instrumentos legales principales: la Directiva 2011/16 / UE del Consejo sobre cooperación administrativa en el campo de los impuestos, la Convención multilateral de la OCDE y el Consejo de Europa sobre Asistencia Administrativa en Asuntos Tributarios y los acuerdos bilaterales de intercambio de información con 108 países.