El Consistorio niega la existencia de ilegalidades en el convenio de Emroque

  • Defienden la capacidad de la empresa de suelo para llegar a acuerdos con terceros · Aseguran que hasta el momento no han recibido ninguna notificación oficial de la Fiscalía Anticorrupción

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El Ayuntamiento sanroqueño defiende su actuación en el convenio con la promotora Bahía Luz gestionado a través de la empresa Emroque, y donde la Fiscalía Anticorrupción ve indicios de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias supuestamente cometidos por varios miembros del gobierno municipal y las citadas empresas.

Como adelantó ayer Europa Sur, la fiscal anticorrupción para la provincia de Cádiz, Virginia Alonso, ha denunciado al alcalde, José Vázquez; a los concejales José Antonio Ledesma -actualmente alcalde accidental- y Ángel Gavino; al gerente de Emroque, Luis Crespo y al representante de la empresa Bahía Luz, Juan Muñoz. Considera que incurrieron en un trato de favor en dos ocasiones hacia Bahía Luz al realizar un convenio urbanístico.

Ante estos hechos, el Consistorio asegura no haber recibido ninguna notificación oficial y defiende que su actuación fue, en cualquier caso, ajustada a la legalidad porque -sostienen- Emroque puede realizar permutas y acuerdos puntuales con empresas "si confluyen los intereses de ambos" ya que, jurídicamente, es una sociedad mercantil.

La fiscalía considera que hubo trato de favor hacia la promotora Bahía Luz que recibió de manera directa -sin mediar concurso- una parcela propiedad de la empresa municipal Emroque como contraprestación por construir el parque de la Madre Vieja. Además, el suelo recibido tenía un valor inicial que superaba en algo más de 130.000 euros el precio que finalmente tuvo la construcción del parque. La parcela que fue objeto del pago por la construcción del espacio público fue valorada a la baja un día antes de firmarse el acuerdo entre Emroque y Bahía Luz, según consta en el escrito de la fiscal.

El Ayuntamiento asegura haber informado a la fiscalía de que el precio de la parcela fue modificado porque se iban a edificar viviendas protegidas mediante los parámetros fijados por la ley, si bien esta explicación no consta en la denuncia, que sólo recoge que se hizo la modificación del valor "en base del destino acordado".

Tanto el alcalde accidental, José Antonio Ledesma (USR), como el concejal Ángel Gavino (PSOE) -en el momento de la firma del convenio era consejero delegado de la sociedad Emroque- consideran que la información responde a una filtración promovida por el Partido Popular a un mes de las elecciones y aseguran que el Consistorio envió la información requerida por la Fiscalía Anticorrupción en verano. El documento judicial está fechado en diciembre del pasado año, pero no ha sido hasta el 11 de enero cuando sale de la fiscalía hacia las partes interesadas bajo la firma de la fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz, Ángeles Ayuso, según consta en la portada de la denuncia.

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