La Guardia Civil ha desarticulado, con la detención de 15 personas, una red que introducía migrantes en patera desde Marruecos hasta la costa del Campo de Gibraltar y otros puntos de la provincia de Cádiz, desde donde eran trasladados a pisos en Granada para ser explotados laboralmente en invernaderos. Además este grupo aprovechaba los viajes para traficar con hachís.

A los detenidos en el marco de la operación Crucero se les imputan delitos de tráfico de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Desde el inicio de las investigaciones en enero han sido acreditados hasta 10 traslados en pateras y lanchas neumáticas en las que llegaron a viajar entre 20 y 40 personas. En solo cuatro meses se calcula que trasladaron más de 150 personas, por lo que habrían recaudado unos 350.000 euros.

Además de los arrestos, se practicaron 7 registros domiciliarios en las provincias de Granada, Madrid, Murcia y Albacete, donde se intervino numerosa documentación. En concreto, pasaportes, certificados de empadronamiento preparados para su venta y dispositivos informáticos, que serán objeto de análisis pormenorizado por parte de los investigadores.

Las investigaciones comenzaron a raíz de la llegada de varias pateras a las costas próximas a Barbate), que llevo a los agentes a realizar un estudio detallado de la frecuencia de las llegadas y otras circunstancias, que permitió identificar a uno de los encargados de recoger a los migrantes.

A partir de ahí se consiguió determinar que la red estaba dividida en dos estructuras. Una, ubicada en Marruecos, encargada captar individuos dispuestos a realizar el viaje y de preparar las pateras con las que se realiza el desplazamiento, sin ninguna medida de seguridad. Los miembros de la organización establecían las salidas después de concentrar un número suficiente de personas y se realizaban normalmente de noche, teniendo el viaje una duración de unas 14 horas. Los puntos de llegada eran playas gaditanas próximas a Barbate o Bolonia y en el momento previo a la salida se les entregaban tarjetas españolas de telefonía para contactar con los individuos que los recogerían.

La otra parte de la red estaba en España y se encargaba de la recepción de los inmigrantes, a los que daban instrucciones para ocultarse en zonas boscosas hasta que fueran a recogerles. Después eran trasladados a pisos "seguros", ubicados en localidades granadinas como Motril, La Rábita y alrededores.

Una vez en estas viviendas se les exigía un segundo pago, no pactado previamente, para poder abandonarlas, y cobraban la deuda a los propios inmigrantes o a sus familias en Marruecos.

Algunos traslados se realizaron bajo condiciones de la mar muy precarias y con nulas medidas de seguridad, poniendo en grave riesgo la vida de los inmigrantes, entre ellos menores.

Varios de sus miembros aprovechaban además el envío de pateras a España para introducir hachís, llegando en algunos casos a exigir a los inmigrantes que transportaran con ellos cantidades de droga que serían recogidas a su llegada a la costa. Los agentes intervinieron 140 kilos de hachís en una de las llegadas de estas embarcaciones.

Los registros permitieron también determinar que varias viviendas eran utilizadas también como casas-patera, donde hacinaban a los inmigrantes. A todo esto se añade que otros integrantes se encargaban de facilitar el empadronamiento a esos inmigrantes a cambio de hasta 300 euros.

Varios de los ahora detenidos no son miembros de la organización criminal investigada, sino que son propietarios o gestores de los invernaderos en los que trabajan migrantes en situación irregular, sin ningún tipo de contrato laboral y omitiendo las responsabilidades debidas en materia de cotizaciones.