La juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras y Tarifa ha emitido un nuevo auto en el que vuelve a señalar prácticamente las mismas deficiencias en los espacios que albergan a los extranjeros en situación irregular que en ocasiones anteriores. Y ante el reiterado incumplimiento de sus requerimientos recoge una advertencia en dicho auto: el incumplimiento de una resolución judicial puede ser un delito de desobediencia, penado con multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años.

Así lo recoge tras constatar en una visita el pasado mes de enero que solo algunos de los problemas apuntados en el auto de mayo del pasado año han sido corregidos. Según señala la juez, se han instalado más cámaras de vigilancia, se ha creado un registro de las separaciones temporales o del uso de medios de contención y se permite el libre acceso del director o el jefe de seguridad a las imágenes grabadas, entre otras cuestiones. Pero quedan muchas otras por implementar a pesar de que a la juez le consta que los directores de los centros de Algeciras y Tarifa han mandado varios oficios a su superioridad jerárquica para cumplimentar lo requerido.

Avisa al ministro de que sin reformas no se cumplen los convenios internacionales

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Algeciras se dirige en su auto al ministro del Interior como "último superior del Cuerpo Nacional de Policía" (que gestiona los CIE) y tras constatar que la falta de subsanación de las deficiencias que denuncian tanto la juez como el Defensor del Pueblo desde el año 2014 se deben "a una cuestión de dotación presupuestaria". Y le advierte que la subsanación de las deficiencias graves advertidas es necesaria para cumplir con los tratados internacionales suscritos por España. A juicio de la emisora del auto, el ministro "debería poder contar [...] con una dotación en Presupuestos Generales del Estado suficiente para subsanar" esos problemas. La juez no hace referencia al proyecto presentado por Interior para construir un nuevo CIE.

El auto vuelve a incluir un largo listado de medidas a adoptar para mejorar la atención a los internos en los CIE de Algeciras y Tarifa, que han modificado su organización: el primero acoge ahora a un máximo de 30 hombres, dado el precario estado del edificio de La Piñera, mientras en el segundo el máximo de personas ha bajado de 120 a 80 para combatir el hacinamiento.

El primero de los requerimientos es garantizar que puedan tener sus teléfonos móviles y realizar y recibir llamadas un mínimo de cuatro horas al día. La prohibición de usar móviles, advierte la juez, no tiene cobertura legal y de hecho en otros CIE se permite a los internos utilizarlos. Según explica, los directores de los centros de la comarca alegan "lejanas y abstractas razones de seguridad o de vulneración del derecho a la propia imagen de los policías o de los internos".

Otra cuestión remarcada por la juez es la necesidad de habilitar un horario de mañana y tarde para que las ONG puedan asistir a los internos, sin marcar una duración máxima de la visita. También llama a revisar las subvenciones de los servicios de asistencia social y cultural tras las carencias detectadas por el Defensor del Pueblo.

Asimismo, se insiste en que se supriman las rejas de las habitaciones de los internos y la instalación de apertura inmediata desde el exterior. También que los cuartos tengan luz natural, la construcción de espacios lúdicos (con televisores, prensa, libros y juegos de mesa) y que se garanticen pruebas médicas de enfermedades como tuberculosis, VIH, sífilis, hepatitis, pediculosis y parásitos intestinales en el momento del ingreso.

En el caso del CIE de Algeciras se reclama la construcción de pistas deportivas y la instalación de duchas individuales en el módulo II. En el de Tarifa se requiere la supresión de habitaciones con más de tres internos y la instalación de baños completos en todas, la supresión de las duchas colectivas o un espacio reservado donde los extranjeros puedan recibir visitas del exterior.

La organización Andalucía Acoge valoró ayer el auto de la jueza, que "constituye un avance con respecto a las condiciones tan deplorables en los que se encuentran los centros de internamiento de extranjeros". No obstante esta entidad insiste en reclamar su cierre y en rechazar la apertura de nuevos CIE "porque su único fin es criminalizar y excluir a las personas migrantes".

Algeciras tiene proyectado la construcción de un nuevo CIE con una inversión de 23 millones de euros, en el que se aplicará un nuevo modelo arquitectónico y se estudia la sustitución de la custodia policial actual por un cuerpo civil de funcionarios. Para la ONG "es totalmente injustificable abrir nuevos centros de internamiento de extranjeros porque, como viene denunciando Andalucía Acoge, en estos centros se vulneran los derechos básicos de las personas internas".

Según una respuesta del Ejecutivo en el Senado, recogida por Andalucía Acoge, "España encerró en los CIE el pasado año a más de 8.600 personas y expulsó solo al 38 %".