El pleno del mes de febrero se inició ayer con la toma de posesión de Ángeles Salas, que juró el cargo como nueva concejal del Partido Popular (PP) tras la salida de Almudena Santana. El punto más polémico de la sesión fue la salida a concurso público de la concesión del uso privado de un suelo municipal, con instalaciones y obras de carácter permanente en la parcela destinada al equipamiento educativo. El portavoz del PP, Fernando Palma, afirmó no entender cómo se adjudica una parcela municipal donde se pretende hacer un colegio privado.

El alcalde accidental, José Antonio Ledesma (USR), destacó que se trata de la instalación del segundo colegio internacional de la ciudad, por lo que el proyecto es muy importante e histórico. Pese a ello, Palma solicitó que el asunto quedara sobre la mesa, sin éxito. Además resaltó que la única empresa que se presentó para el proyecto tiene deudas con el Ayuntamiento. Por alusiones, Ledesma confirmó que sólo hay unos plazos de pago que se están negociando. El portavoz del Partido Independiente Valle del Guadiaro (PIVG), Jesús Mayoral, se sumó a las críticas opositoras recordando que instaron al equipo de gobierno, en su día, a que cediera el terreno a la Junta de Andalucía para la creación de un colegio público. Finalmente, el líder de USR reiteró que el expediente lleva meses tramitándose y reúne todas las condiciones legales.

En cuanto al reconocimiento de facturas del expediente 2008, se aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno. Por el PP, José Cabrera argumentó que siendo las cantidades tan importantes y que se presentan a pleno tan a menudo, deberían ser presupuestadas. Por otro lado, Mayoral rechazó un decreto de subvención para instalar césped artificial en el campo de la Unión de Guadiaro, porque según contrastó con el club "tienen otras necesidades".

La moción del concejal de Seguridad, Manuel Melero, para distinguir el trabajo de cuatro agentes fue criticado por el PIVG, ya que consideró que genera agravios comparativos entre el resto de funcionarios. Finalmente, el PP preguntó cómo se podía haber recaudado de Nueva Generadora del Sur (NGS) un IBI de casi 108.180 euros cuando no cuenta con licencias para su actividad. El concejal de Hacienda, Juan Carlos Ruiz Boix, informó que NGS cuenta con dos licencias concedidas y dos pendientes, a falta de la presentación de documentación. A pesar de ello, la empresa decidió abonar el IBI.