Algeciras tiene abiertos procedimientos judiciales por 40 millones de euros

  • La mayoría corresponden a reclamaciones de cantidad al Ayuntamiento

  • El Banco Santander exige el pago de más de 17 millones

  • Recolte, la empresa de jardines, reclama 13

Fachada del Ayuntamiento de Algeciras. Fachada del Ayuntamiento de Algeciras.

Fachada del Ayuntamiento de Algeciras. / erasmo fenoy

Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Algeciras tienen un visitante asiduo: el Ayuntamiento. El Consistorio tiene más de un centenar de procedimientos judiciales abiertos en la actualidad y buena parte de ellos recaen en esos juzgados. En total, los procesos judiciales en los que participar el Consistorio suman unas reclamaciones de responsabilidad patrimonial y de deuda de más de 40 millones de euros, la mayoría contra el Ayuntamiento.

Así se recoge en la información que el alcalde, José Ignacio Landaluce, ha remitido al grupo municipal socialista después de que este haya preguntado en varias ocasiones por los procedimientos judiciales en los que el Ayuntamiento se encuentra inmerso. En total, hasta el 9 de febrero (fecha en la que el regidor firma el informe) el Consistorio tenía 113 procesos abiertos, como demandado en la mayor parte.

En esa cifra se incluyen todo tipo de demandas, desde las tradicionales reclamaciones por caídas en la vía pública o actuaciones municipales a litigios sobre impuestos, pasando por reclamaciones de deuda.

En este último capítulo sobresale una cifra: los 13,15 millones de euros que Recolte reclama al Ayuntamiento algecireño. La empresa concesionaria del servicio de parques y jardines de la ciudad es una de las principales acreedoras del Ayuntamiento, como han venido denunciando tanto los trabajadores, que han visto en esa deuda uno de los motivos de sus problemas laborales, como los grupos de la oposición.

Según los datos facilitados a Podemos, el débito del Ayuntamiento con Recolte supera los 10 millones de euros (1,1 millones en 2014, 4,4 en 2015, 2,4 en 2016 y 2,9 en 2017). Y más de esa cantidad es la que la empresa reclama judicialmente en cuatro procedimientos en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Algeciras.

También destaca la elevada cantidad reclamada por el Banco Santander en un solo caso, 17,5 millones de euros. Los litigios con la entidad bancaria vienen de lejos, del momento (2008) en el que el Ayuntamiento de Algeciras suscribió un contrato swap con la entidad bancaria. Se trataba de un seguro de riesgo vinculado a la inflación, un producto financiero que, según argumentó el PSOE, estaba ligado a la concesión de un crédito con el que el Ayuntamiento pretendía financiar una deuda de 35 millones de euros con Urbaser. Ese crédito no se firmó, pero el swap siguió adelante y el Ayuntamiento llegó a pagar 333.543 euros por él.

En 2011 se aprobó la anulación del swap al considerarse lesivo este contrato, como también nulo al no haber sido autorizado por el Pleno. El Santander anunció que exigiría una indemnización de 9.644.634 euros por la rescisión del contrato, vigente hasta 2018. Además, denunció posteriormente el Consistorio, "como represalia decidió no renovar las operaciones de tesorería que por importe de seis millones de euros que el Ayuntamiento mantenía en aquel momento con la entidad", cantidades que ya están pagadas y liquidadas gracias al fondo de ordenación.

En el listado de procedimientos abiertos también se incluyen varios en los que el demandante es el Consistorio y la demandada, la Junta de Andalucía. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tendrá que decidir sobre la subvención otorgada para la construcción del Centro Documental José Luis Cano, que la Administración autonómica reclamó al Ayuntamiento al ejecutarse la obra fuera de plazo. El Consistorio considera que la demanda se hizo de forma injusta, puesto que el retraso fue por un problema legal con la contratista de la obra. Ahora lleva a la Junta a los tribunales por 858.218,57 euros.

El litigio en torno al plan de empleo de 2014 también ha llegado a los tribunales, en este caso al Contencioso-Administrativo de Cádiz, donde el Consistorio reclama al Servicio Andaluz de Empleo más de 400.000 euros. A la Consejería del ramo le reclama otros 65.534 euros por un lado y 4.315 de subvención por otro.

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