El Grupo Parlamentario Socialista instará al Gobierno a liderar "una estrategia consensuada y eficaz que permita hacer frente a la piratería cultural en internet", al defender en el martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley (PDF) al hilo del acuerdo adoptado en la Unión Europea sobre esta materia.

Se trata de una iniciativa que defenderá el portavoz socialista de Cultura, Rafael Simancas, y que está en sintonía con el acuerdo adoptado ayer por el Consejo de Ministros de Cultura europeos para que los gobiernos promuevan acuerdos entre los sectores implicados para luchar contra la piratería digital, ha recordado en una nota de prensa el grupo.

La semana de las industrias digitales

Para el PSOE, "los avances han sido muy sustantivos" en España en esta materia tras la aprobación en 2005 del Plan integral para la disminución y eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual, conocido como Plan Antipiratería. No obstante, el PSOE estima que "es necesario seguir reforzando la lucha contra la piratería cultural y buscar soluciones consensuadas que garanticen los derechos de los ciudadanos, favorezcan el desarrollo de las industrias culturales y aseguren la protección de la propiedad intelectual".

El anuncio del partido del Gobierno coincide con la celebración de la Feria Internacional de Contenidos Digitales (FICOD) en Madrid la semana que viene, impulsado por el Ministerio de Industria y Red.es. Simancas defenderá la proposición el mismo día que se inaugura este encuentro de profesionales de internet cuyo objetivo es el desarrollo y potenciación de la industria internacional de contenidos digitales.

¿Hacia la prohibición de las P2P?

A pesar de que el contenido de la propuesta es breve y genérico, ha hecho saltar las alarmas entre los usuarios de internet, que llevan varios meses alertando sobre la posibilidad de que el Gobierno español penalice el intercambio de archivos a través de redes peer-to-peer (P2P), como ya lo han hecho los de Reino Unido y Francia.

El pasado mes de octubre, los ministros de Cultura e Industria se reunieron para impulsar un nuevo marco jurídico, a nivel español y coordinado con la Unión Europea, "aprovechando la presidencia española en el primer semestre de 2010". Esa es la fecha que se baraja para promover una ley por la que los usuarios que compartan archivos protegidos por propiedad intelectual podrían perder su conexión a internet y ser multados o llevados a juicio. Pese a las continuas campañas criminalizadoras impulsadas por entidades de gestión de derechos de autor, el uso de programas como Emule o Bitorrent no es delito según la legislación española actual.

A partir de una iniciativa de Hispalinux, una asociación pro-software libre, amplificada en webs como Menéame y otras plataformas, algunos usuarios se están volviendo a organizar contra lo que consideran "una estrategia cuidadosa e interesadamente diseñada por aquellos que quieren amordazarnos, convertirnos en meros clientes y quitarnos nuestros derechos" y llaman a la movilización ciudadana. Hispalinux alerta también de que el Gobierno podría regular la publicación de vídeos en internet, convirtiéndolo en "exclusivamente un mercado con sus proveedores y sus consumidores".