La Comisión Europea ha propuesto un fuerte aumento de penas contra los responsables de abusos sexuales infantiles y de tráfico de personas, así como una mayor protección de las víctimas.

Además, la CE propuso que los delitos de ese tipo sean perseguidos judicialmente incluso si se cometieron fuera del territorio comunitario.

La Comisión aprobó nuevas propuestas para armonizar las legislaciones de los 27 países comunitarios a fin de reforzar la lucha contra los delitos sexuales contra menores.

En el caso de los abusos sexuales a menores, la CE propuso que la pena máxima sea de al menos 6 años de cárcel, y que en caso de agravantes (por ejemplo, si el autor es familiar de la víctima) alcance los 10 años como mínimo, cifra que subiría a 12 años si se pone en peligro la vida del menor.

Actualmente, la pena armonizada a nivel de la UE es de al menos un año de cárcel y de 6 años en caso de agravantes.

"El abuso sexual de menores tiene un alcance mucho mayor del que podría pensarse", afirmó el comisario de Justicia, Seguridad y Libertades, Jacques Barrot, quien dijo entre un 10 y un 20 por ciento de los niños sufren ese tipo de abusos y solo se denuncia un caso de cada cuatro.

La propuesta de la CE propone también que sea delito en toda la UE el ver archivos informáticos de pornografía infantil- incluso si no se han descargado en el ordenador propio- así como la práctica conocida como "grooming", y que consiste en engañar a un menor por internet para que cometa actos de tipo sexual.

Según las cifras de Bruselas, el número de sitios de internet con material de pornografía infantil se multiplicó por cuatro entre 2003 y 2007. Otra novedad de las propuestas es que los autores de abusos a menores en países de fuera de la UE podrán ser perseguidos judicialmente en territorio comunitario.

Además, no hará falta una denuncia para lanzar investigaciones de oficio y se eliminarán la prescripción temporal de estos delitos.

Dado el alto nivel de reincidencia entre los autores de estos delitos (en torno al 20%), las autoridades nacionales tendrán que hacer un seguimiento individualizado de los condenados por estos hechos para prevenir nuevos delitos.

Además, los autores de abusos sexuales a menores tendrán prohibido realizar actividades con niños, especialmente a nivel profesional (como pediatras, maestros o monitores deportivos).

Como los historiales judiciales nacionales se comparten entre los países de la UE, las autoridades nacionales podrán estar al tanto de este tipo de antecedentes si esas personas residen en su territorio.

Los menores víctimas de abusos sexuales tendrán mayor protección, para evitar en todo lo posible interrogatorios dolorosos y también el tener que confrontar a sus agresores cara a cara en el juicio, gracias al uso el vídeo.

En cuanto al tráfico de personas, la CE considera que cada año 500.000 personas son víctimas de este delito en la Unión Europea, y que el fenómeno afecta principalmente a mujeres y a niñas, sobre todo para prostituirlas o para explotarlas económicamente.

La Comisión propuso que las autoridades judiciales puedan actuar contra los responsables de esta práctica, incluso si los hechos fueron cometidos fuera del territorio comunitario, y también que se apliquen medidas legales similares a las empleadas contra el crimen organizado.

También aquí se pide que la pena máxima sea de al menos 6 años, y de 10 en los casos con agravantes.

En cambio, las víctimas no deberían ser sometidas a persecución por su estancia ilegal en el país, sino que gozarían de protección legal para que colaboren con la justicia.

Las propuestas serán examinadas por el Consejo de Ministros de la UE para su eventual aprobación.

El Ejecutivo comunitario aprobó estas propuestas a través de dos modificaciones de sendas decisiones marco, un mecanismo jurídico que se aplica para cuestiones de justicia e interior y que obliga a los Estados miembros a cumplirlas igual que las directivas.