Los ministros de Empleo de los Veintisiete se reunieron ayer para discutir y aprobar una directiva que amplía la jornada laboral a las 65 horas semanales, considerablemente superiores a las 48 mantenidas de máximo actualmente y las 40 permitidas en España. Esta norma, que abre la puerta a un aumento de la jornada previo acuerdo entre empresario y trabajador, cuenta con el rechazo de España, ya que para el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, supone "una regresión en la agenda social". En este sentido, el PSOE quiere liderar el sector crítico en la Eurocámara, segundo paso para la aprobación definitiva del texto.

La directiva de tiempo de trabajo que, al cierre de esta edición, tenían previsto acordar los ministros consagra de forma definitiva la cláusula del opt out -introducida en su día a petición del Reino Unido como medida temporal- que permite superar la jornada laboral máxima en caso de acuerdo entre el trabajador y el empresario.

Perdido el apoyo de Italia, Eslovenia y Portugal en los últimos meses, España ha quedado en minoría, pero "difícilmente" cambiará su postura, según aseguró Corbacho a su llegada a la reunión que los ministros celebraban ayer en Luxemburgo.

El titular de Trabajo ya había reconocido que España no podía formar una minoría de bloqueo suficiente para frenar la aprobación del texto, aunque se mostró convencido en que la postura del Ejecutivo "es absolutamente compartida por las fuerzas políticas y por los agentes sociales". Por ello, reclamó a la Eurocámara que no acepte esta propuesta y la rectifique en segunda lectura, al considerarla "una regresión en la agenda social".

Con iniciativas como ésta, según Corbacho, la UE no puede sorprenderse después "si cada vez más los ciudadanos se distancian de esa Europa que se aleja de lo que realmente a los ciudadanos les gustaría que fuera". En este sentido, criticó que con un régimen de 65 horas "nos acercamos más al siglo XIX y no al siglo XXI". Y es que, aunque el ministro admitió que "hay sectores que necesitan probablemente una singularidad de horario", en referencia a la sanidad, resaltó que ni en esos casos se debería llegar a una jornada tan extensa, porque impide "la conciliación de la vida laboral y familiar".

Corbacho aseguró que el Gobierno "sólo reconsideraría su posición si las enmiendas que hubiera fuesen de fondo", porque cree que el nuevo tope de 65 horas que sería posible en caso de acuerdo entre el empleado y el empresario supone "una regresión en la agenda social".

Por ello, España trata de recabar apoyos en contra de la directiva, después de que los que fueran sus principales aliados -Francia e Italia- hayan cambiado su postura en los últimos meses.

Corbacho admitió, no obstante, que es poco probable que el texto pueda ser bloqueado, pues hay una clara mayoría de países a favor.

El ministro ha criticado que, tal y como está planteada la propuesta de la directiva, la negociación entre el trabajador y el empresario sobre la jornada laboral sería individual y "nunca de carácter colectivo". Además, ha denunciado la "contradicción" que supone el texto, pues una de sus bases debería ser "garantizar la salud y la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores".

Por ello, ha asegurado que España va a trabajar para que la propuesta sea modificada en su tramitación en el Parlamento Europeo y ha instado a los eurodiputados a que tengan en cuenta las elecciones europeas del próximo año en las que tendrán que pedir el voto a los ciudadanos.

La UE tiene prisa por aprobar la reforma, dado que en la actualidad muchos estados miembros incumplen las disposiciones de la normativa, en particular en el sector sanitario.

El Tribunal de Justicia de la UE ha reiterado en distintas sentencias que los periodos inactivos de las guardias deben ser considerados tiempo de trabajo, frente a la posición de la mayoría de países que lo rechaza por el coste que la medida implicaría para los sistemas públicos de sanidad.