El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la decisión de la Generalitat catalana de cobrar un euro por receta y ha suspendido de forma cautelar la aplicación de la medida. La decisión paralizará en Cataluña el euro por receta -también aplicado en la Comunidad de Madrid- al menos durante los próximos meses, durante el tiempo que necesiten para tramitar sus alegaciones los gobiernos central y autonómico. La Ley Orgánica del Constitucional impone que el alto tribunal deba decidir si prolonga esa suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, levantarla. Por tanto, aunque la suspensión es cautelar y no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, podría extenderse hasta que el Constitucional no resuelva el recurso.

En todo caso, la decisión no había sido notificada este martes al Ejecutivo catalán, de modo que este miércoles seguirá cobrándose el euro por receta en las farmacias de la Comunidad hasta recibir la confirmación oficial de su suspensión. Fuentes oficiales del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña han indicado que, en el momento en que se reciba esta confirmación oficial, se comunicará inmediatamente a los farmacéuticos. Al mismo tiempo, se recurrirá la admisión a trámite.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que la suspensión está "dentro de la normalidad constitucional" y del funcionamiento "normal" de las instituciones, después de lo cual ha insistido en el argumento del Ejecutivo central en contra de la medida de la Generalitat. "Todos los españoles, en asuntos esenciales, tienen que ser iguales", ha señalado en este sentido. Una tesis compartida por la Ministra de Sanidad, Ana Mato, quien ha valorado la decisión del Constitucional como una garantía de "igualdad", en este caso en las prestaciones farmacéuticas, "para todos los españoles". La titular de Sanidad no cree que la decisión tomada por el Constitucional conlleve la devolución a los ciudadanos catalanes del dinero ya abonado a través del euro por receta porque el recurso empieza a contar a partir de que el Constitucional suspende la decisión.

La entrada en vigor de esta tasa, hace seis meses, ha supuesto una recaudación de 45,7 millones de euros, según datos de la Generalitat. El Gobierno catalán contaba con recaudar 140 millones de euros, gracias a esta medida, para 2013, lo que complica la elaboración de los presupuestos de la Generalitat, según el cálculo del impacto económico del euro por receta del consejero de Economía, Andreu Mas-Colell.

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha criticado la "obsesión" del Gobierno central de considerar inconstitucional cualquier medida que adopta el Ejecutivo catalán. "Estamos en un marco de austeridad y ahorro y resulta que el Gobierno español impide que tomemos decisiones que van en la línea de cuadrar cuentas", ha lamentado Homs, quien ha asegurado que la Generalitat estaba logrando un ahorro mensual del 20% del gasto farmacéutico.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid también ha puesto en marcha el cobro de un euro por receta y el último Consejo de Ministros decidió que también recurrirá contra ella ante el Constitucional con los mismos argumentos. El proceso seguirá los mismos trámites en el caso de la Comunidad de Madrid: el Consejo de Estado informará, previsiblemente esta semana, al Ejecutivo central, con el mismo criterio empleado para Cataluña, y después de este paso se producirá el recurso y sus trámites en el Constitucional. En cuanto a Madrid, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, se ha mostrado convencido de que el Tribunal Constitucional suspenderá también de forma cautelar el euro por receta en esta comunidad. Por ello, ha exigido al presidente de la Comunidad, Ignacio González, que devuelva "de su bolsillo" los gastos ocasionados por esta medida "injusta".

El Consejo de Estado informó al Gobierno en su dictamen sobre Cataluña señalando que la imposición del euro por receta vulnera el artículo 149 de la Constitución y consideró que "las CCAA no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación publica". CCOO y UGT han celebrado la decisión del Constitucional y, en el caso del segundo sindicato, ha considerado "discriminatorio" que se mantenga el euro por receta en Madrid.

Por su lado, el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y vocal del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Francesc Pla, ha admitido que la suspensión del euro por receta rebajará "el conflicto en las farmacias", aunque quizás acabe acarreando "más recortes".