El Gobierno aprobó hace poco un decreto que plantea una deducción de un 7,5% sobre el precio de venta al público de más de 3.000 medicamentos desde el pasado martes. Se trata, básicamente, de ahorrar dinero al sistema sanitario en la adquisición de los fármacos, muchos de ellos más caros por su carácter innovador y cuya patente sigue protegiendo su propiedad intelectual y por tanto no tienen genéricos. Ayer por la mañana los colegios de toda España se reunieron en el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para analizar el asunto en un encuentro convocado con cierta urgencia. Dicen estar preocupados. Según afirma Manuel Pérez, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, "nos parece bien que en momentos de crisis se articulen medidas para contener el gasto, pero no a costa de las farmacias más débiles, que son las que más perjudicadas se verán, y no tenemos claro qué busca este decreto; no conocemos sus plazos ni sus mecanismos".

Según ha explicado, temen quedarse acorralados en el proceso de distribución del medicamento y perder valor. El distribuidor compra con un descuento a la industria, el farmacéutico compra con descuento y posteriormente la Administración factura y aplica el mismo. Su temor es quedar en peligroso equilibrio dentro de una balanza de pagos difícil de armonizar. Por otro lado, temen aplicar un descuento que luego no se te realiza a ti. Incluso poniéndose en el peor de los supuestos, el esperar más para poder comprar podría acabar suponiendo un riesgo de desabastecimiento en las boticas.

Según los cálculos iniciales realizados por el colectivo profesional, cada farmacia podría perder una media de 2.500 euros al mes de sus beneficios. "Esto es muy peligroso especialmente para las farmacias pequeñas o rurales en las que una pérdida de 500 o 1.000 euros al mes puede hacer peligrar sus sotenibilidad", señala Pérez. Para él, lo más importante ahora es valorar como van a desarrollar los mecanismos de aplicación y asegurar que esto no va a afectar al ciudadano.