El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó ayer sancionar con 601.012 euros a las empresas Al Trote Ferrallas y al grupo Inmobiliario Fénix Camacho de forma solidaria por "incumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral" en unas obras de construcción de un edificio de viviendas en Jerez. Esta infracción, tipificada como muy grave, ocasionó la muerte de dos trabajadores y heridas graves en un accidente laboral que se produjo el 19 de julio de 2001. En concreto, fue en Ronda de Muleros, donde perdieron la vida los jerezanos Juan Merino Ayala (de 22 años) y Javier Aguilar López (de 27). Además, resultó herido Daniel Aguilar López, de 24 años y hermano del anterior, quien fue rescatado de los escombros. Los tres operarios, especialistas en ferralla, se encontraban alambrando los armazones del hormigón en una zanja de cinco metros de profundidad bajo el muro que se derrumbó atrapándolos.

Según la Administración andaluza, se trata de la sanción más elevada de las impuestas en este ámbito por la administración autonómica en la última Legislatura.

Para imponer la sanción, el Gobierno andaluz ha tenido en cuenta los informes realizados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz y la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2007 por el Juzgado Penal número 2 de Jerez. De acuerdo con la normativa vigente sobre infracciones en el orden social, la tramitación del expediente sancionador tuvo que suspenderse a la espera de que se resolviese el proceso penal.

Tal como han explicado desde la Junta, tanto las inspecciones como el fallo judicial constataron que el accidente mortal (el derrumbe de un muro medianero sobre una zanja donde los trabajadores colocaban armazones de ferralla) se produjo ante la "ausencia absoluta de medios preventivos". Al mismo tiempo, entre otros hechos probados, la sentencia recoge que las zanjas se abrieron en cortes totalmente verticales, sin talud alguno, sin entibado o aseguramiento interior y sin distancia entre el borde de las mismas y unos muros medianeros que no se apuntalaron. Hay que recordar que a lo largo del 2007, la Consejería de Empleo resolvió un total de 3.615 expedientes sancionadores en materia de seguridad y salud laboral, por un importe total de 17,5 millones de euros.

En el caso concreto de Ronda Muleros, tras el último juicio celebrado en diciembre del pasado año, cinco personas fueron condenadas por el accidente laboral. Se trataba del gerente de la constructora, el arquitecto, el jefe de obra, el coordinador de seguridad y el propietario de la empresa. Así, sólo uno de los acusados, trabajador en la obra, salió absuelto. Al resto, el juez les impuso a cada uno una pena de dos años de prisión repartidos en varios delitos, uno contra los derechos de los trabajadores, dos delitos de homicidio por imprudencia y otro de lesiones imprudentes. Al mismo tiempo, el superviviente y la familia de los dos fallecidos cobraron tiempo atrás una indemnización superior a la fijada por el Ministerio Público. Para los Aguilar López, representados por Ángel Gavira, fueron designados 264.000 euros para las hijas del fallecido y su pareja; más de 210.000 euros para el superviviente y más de 8.000 euros para cada uno de los progenitores. No obstante, las familias siempre han dejado claro que lo más importante no era el dinero, sino las secuelas psicológicas que arrastran desde aquel fatídico día del accidente.