El ex alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, que fuera inhabilitado tras ser condenado por un delito de prevaricación, está siendo investigado por su supuesta conexión con un entramado detectado en la localidad para obtener la regularización de viviendas ilegales mientras ostentaba el bastón de mando de la ciudad.

El ex regidor de Independientes Portuenses fue citado ayer para prestar declaración ante los miembros del Equipo contra la Delincuencia Urbanística de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Junto a Hernán Díaz, también estaban citados su ex edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y el aún hoy jefe de Licencias y Disciplina Urbanística de esta área, Fernando Jiménez Fornell.

Según ha podido saber este periódico, los tres están siendo investigados en una causa que fuera abierta tras una doble denucnia de Izquierda Unida a finales de 2007 ante la Fiscalía de Cádiz.

Por un lado, la formación reclamaba que se investigara la gestión de la empresa municipal de vivienda, Suvipuerto, en algunas operaciones de compraventa de terrenos realizadas entre 2001 y 2007, denuncia que derivó en unas diligencias previas que actualmente instruye el Juzgado número 1 de El Puerto.

Y por otro, se informaba a la Fiscalía de la legalización, por parte de los responsables de IP, de diversas construcciones al margen de planeamiento así como de la concesión de licencias supuestamente ilegales al tratarse de suelos que no tenían aún el carácter de urbano. Es esta segunda denuncia la que ha terminado llevando a los ex dirigentes de IP y al funcionario municipal ante la Guardia Civil, en una investigación que lleva la Fiscalía de Medio Ambiente.

IU, en su denuncia, enumeraba casos concretos de supuestas irregularidades que en su día fueron adelantados por este periódico, tales como la regularización de las obras de reforma y ampliación de un club de alterne (el 'Oh palace') y las licencias concedidas a ocho viviendas en los diseminados de La Caridad y Rompeserones.

La coalición incidía en su denuncia en una curiosa coincidencia: que en todos estos casos había participado, de una u otra manera, el estudio de arquitectura Tec.

Al frente de dicho estudio figuran las arquitectas Isabel Ruiz Vázquez y Milagros Trigo Pacheco . Esta última es la compañera sentimental del jefe de Urbanismo Jiménez Fornell.

El nombre de este estudio siempre ha planeado en numerosos casos de legalizaciones de viviendas llevados a cabo durante los años en los que Rodríguez estuvo al frente de Urbanismo (entre 2003 a 2007) ya que estas profesionales eran las que elaboraban los proyectos que posteriormente se presentaban al Consistorio.

Ésta no es la única causa judicial en la que están inmersos tanto Díaz como Rodríguez. En su edición de ayer, este periódico publicaba que el Juzgado de lo Penal de Cádiz está pendiente de fijar fecha de la vista oral por las viviendas ilegales del Pinar de Coig. La Fiscalía acusa a ambos de un delito continuado de prevaricación urbanística al no haber actuado contra la construcción de este diseminado, y pide dos años de prisión para cada uno,.

Mientras, se encuentran aún en diligencias previas otras causas relacionadas con viviendas ilegales, como es la de El Barranco. Los dos ex responsables municipales están también imputados junto a Jiménez Fornell en otra causa por el derribo de una parte de la Casa de las Cadenas, un edificio protegido.

Por su lado, el funcionario tiene abierta aún una denuncia e por un presunto asesoramiento a un particular para que construyera una vivienda en un suelo que aún no tenía la calificación de urbano. El proyecto de la vivienda fue realizado precisamente por el estudio de su compañera, el durante el gobierno de IP omnipresente Tec.