Provincia de Cádiz

Formación: 20 años de un agujero negro

  • Del Forcem a la FPO, de Delphi a los diplomas falsos, los cursos para empleados y parados se llevan tragando dinero público en Andalucía desde hace dos crisis

Todo empezó, por empezar por algún lado, hace una crisis, es decir, en 1992. Ayuntamientos, autonomías y diputaciones pagaron dinero a consultoras para que les contaran qué nos pasaba, tal y como Europa pedía que se hiciera. Las consultoras hacían un estudio tipo y sentenciaban: formación. La educación pública, que sólo década y media antes se había universalizado de hecho y no de palabra en una región con índices de analfabetismo africanos, arrojaba datos de abandono escolar espeluznantes. Por tanto: formemos. A camareros y peluqueras.

Fue un éxito. Al menos así lo celebraban en un cortijo de Jerez a finales de los 90 los propietarios de academias de la provincia de Cádiz, que habían proliferado como setas, con los técnicos de la Junta encargados de entregarles los cursos. Ninguna provincia tenía más cursos que Cádiz por la sencilla razón de que ninguna provincia tenía más parados que Cádiz. Eso era bueno para el negocio de la formación. Tras la comida, pagada por los empresarios del sector, una capea ponía el broche y todos, felices por la prosperidad de sus aulas, vitoreaban los capotazos del propietario de una red de peluquerías crecida al amparo de los cursos de formación. Vítores para el más próspero de todos.

Veinte años después, abril de 2014: El edificio de los sindicatos en Cádiz está decorado con pancartas y cruces mortuorias. Es la escenografía de los ex empleados de Delphi, una de las multinacionales que se deslocalizó de la Bahía de Cádiz en los meses previos a la llegada de la crisis del 2008. Llevan en este lugar encerrados casi tres meses pidiendo que la Junta cumpla sus compromisos. El principal de los compromisos, adquirido hace ya siete años, era conseguirles un empleo. Ahora no tienen empleo, ni paro y, en la mayoría de los casos, tampoco prestaciones de ayuda familiar. Eso sí, se les puede preguntar por salud laboral, lectura de planos, cartografía o gestión medioambiental. Durante años, estos parados, ex trabajadores cualificados algunos de ellos, como Antonio, experto en control de calidad, o Manuel, del departamento de Finanzas, acudían a las nueve de la mañana a los centros de formación de la Consejería de Empleo para sentarse en pupitres y adquirir conocimientos que les hicieran competitivos en empresas que sólo existían en la mente de los políticos de la Consejería de Empleo. A la Bahía de Cádiz apenas llegó ninguna empresa y las que llegaron, en su mayoría, ya han cerrado.

Los cursos de Delphi contaban con una partida excepcional en el año 2009 de 4,5 millones de euros de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). La auditoría de la Cámara de Cuentas no consiguió encontrar, en un informe publicado a principios de este año, la justificación de nada menos que 49 millones de euros de la Faffe. Sólo en los cursos de Delphi se extraviaron 310.000 euros en los ejercicios de 2009 y 2010, cuando los trabajadores seguían acudiendo a cursos que hoy ellos califican como tiempo perdido.

En 1993 se creó en Jaén la academia Master. Llenaba un vacío en una actividad en alza, la de dar cursos de formación continua a trabajadores con empleo, el Forcem. Poco después, en Granada, nació Fortem, que también absorbía cursos para parados, las FPO. Fueron firmas pioneras de un inmenso negocio que pobló de academias la región. Hasta entonces sindicatos y asociaciones de empresarios se encargaban de cursos, pero el dinero público les desbordaba, tuvieron que derivar a terceros. "Éramos jóvenes y vivíamos como ricos", narra Paco, uno de los emprendedores que, tras finalizar la carrera de Historia, montó una academia en la Bahía de Cádiz, hace años ya cerrada, pero de la que colean aún exigencias de devoluciones de dinero de cursos que no cumplimentaron en su día los papeleos de verificación. En esta academia se daban cursos y había cursillistas. En otras ni eso: bastaba conseguir firmas. La Guardia Civil, en una investigación realizada en 2001, visitó una taberna de Trebujena que figuraba como domicilio social de una academia en la que se daban cursos de informática. El propietario de la taberna no tenía ni idea de lo que le estaban hablando. Sin embargo, esa academia fantasma había logrado cursos.

En el año 2002 se destinó a cursos de Forcem en Andalucía 879 millones de euros que salían de las cuotas de los trabajadores en sus nóminas y de las contribuciones de los empresarios. Aquello generaba empleo, sin duda, la de los docentes, que en esa misma investigación llegaron a afirmar que sólo cobraban en algunas academias un tercio de lo que se facturaba. También se entrevistó a cursillistas, a centenares, que explicaron fórmulas para obtener títulos sin asistencia.

Aquella investigación de hace ya casi quince años recogía en miles de folios recopilados sobre un sector que se fue encogiendo hasta casi su desaparición la falta de control existente sobre políticas grandilocuentes de empleo en las que se empeñaba una gran cantidad de dinero sin resultados medibles. Cuando los cursos se redujeron, cuando la Junta empezó a pagar con retrasos que comprometían a las empresas con créditos bancarios a un plazo demasiado largo, toda la pirámide se derrumbó. Y si aquel aviso quedó en nada fue porque por aquellas épocas el empleo dejó de ser un problema. Ya no hacían falta cursos. El ladrillo lo absorbía todo.

La relajación en el control ha continuado durante todo este tiempo. La mayoría de las academias cerró pero otras se reconvirtieron y aún hoy quedan vestigios del dinero que legó aquel esplendor en peluquerías o escuelas de hostelería. La picaresca se hizo tan popular que todavía en 2010 se desmantelaba en Cádiz un chiringuito creado por el SIT, una escisión de CCOO, que vendía por internet miles de diplomas de socorrismo y urgencias homologados a cambio de 280 euros.

La nueva crisis, mucho más salvaje, ha hecho que las administraciones públicas inviertan en reducir porcentajes, en bajar como sea las alarmantes cifras de paro. Los compromisos de contratación, como ha sucedido en el fraude detectado en Málaga en el curso para parados, con un coste, hasta el momento, de millón y medio para el agujero negro, garantizaban la llegada de subvenciones. Los tramposos han empañado un sector económico que ya sobrevive con la permanente sospecha. Quizá porque en veinte años no se ha dado con la fórmula adecuada para lo que nos sigue demandando Europa: formación.

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