La guerra que viene librando José Félix del Río Rosendi parece no tener fin. Desde hace más de dos años reclama, sin éxito, a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía el reintegro de unos gastos por el tratamiento rehabilitador que recibe su hijo en las dependencias de la Asociación Autismo Cádiz. El pequeño padece una diversidad funcional, concretamente "espectro de trastorno autista", de manera que necesita de esas sesiones de atención temprana para ir progresando poco a poco.

Este tratamiento, que debe cubrir por ley el Sistema Público de Salud, puede llegar a costarle a los padres hasta 1.300 euros al semestre. Lo habitual hasta principios del año pasado era que los padres pagasen las sesiones de psicología y logopedia al centro en el que las recibían sus hijos y que, luego, recuperasen ese dinero, tras una reclamación de reintegro de gastos a la Consejería. Pero la Delegación Provincial de Cádiz comenzó a denegar esas solicitudes alegando que los centros ya cobran una subvención para la realización de programas de intervención temprana a menores con trastorno en el desarrollo o riesgo de padecerlos.

La última batalla de José Félix ha sido la interposición de una demanda ante el Juzgado de lo Social contra la Delegación Provincial mediante la que le reclama un total de 3.978 euros más intereses por los gastos del tratamiento rehabilitador de su hijo desde julio de 2011 a septiembre de 2013, a razón de 153 euros al mes. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, el demandante alega que el tratamiento que precisa "se encuentra recogido en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, que recoge las características que han de reunir la rehabilitación de pacientes como nuestro hijo, existiendo un déficit funcional recuperable con cargo a la Administración Pública". También argumenta que este derecho se encuentra recogido en la Convención de la ONU de personas con discapacidad y recuerda que "la jurisprudencia respecto al reintegro del gastos ha evolucionado hasta equiparar el autismo con las situaciones de urgencia vital y con la necesidad de atención sanitaria a luz de la convención antes citada, de la Convención de Derechos del Niño y de la Ley de Protección del Menor, tanto andaluza como estatal".

José Félix añade en la demanda que "las facturas se encuentran en poder de la Asociación Autismo Cádiz, que se niega a su entrega a esta parte, pese a los múltiples requerimientos en tal sentido, solicitando que dicha administración las reclame de oficio".

En paralelo a la demanda judicial, no cesa de recurrir a cuantas instancias cree necesario, desde el Defensor del Pueblo hasta la propia Unión Europea. El primero llegó a abrir una investigación en toda Andalucía a partir de una queja de oficio, de la que aún no tiene respuesta. La UE le contestó recientemente que comprendía su caso, pero que "la situación no recae en su ámbito de Derecho". "He enviado cientos de e-mail a los parlamentarios andaluces, pero no me han contestado", lamenta José Félix.

En la misma situación que él se encuentran decenas de padres de niños que reciben el mismo tipo de atención en otras ciudades de la provincia. Para estar en contacto y compartir experiencias comunes facilita una dirección de correo electrónico: reintegrodegastosya@hotmail.com.