El estafador del seguro, el hombre que birló sus ahorros a más de un centenar de familias, ha quedado en libertad. Ha quedado libre apenas cinco meses después de que tras un largo juicio en la Audiencia Provincial de Cádiz se le condenara a nada menos que a ocho años de prisión. Tal circunstancia ha provocado recursos tanto por parte del ministerio fiscal como de las numerosas acusaciones que se personaron en su contra durante un mediático caso que tuvo decenas de afectados tanto en Jerez como en otras localidades del resto de la provincia.

Una paradoja legal ha permitido que el estafador del seguro quede en libertad. Aunque como ha quedado dicho fue condenado a ocho años de prisión por la Sección Octava de la Audiencia Provincial, el hecho de que la sentencia fuese recurrida por las partes ante el Supremo provocó un doble efecto. De un lado que la sentencia no fuese firme (la condena como tal no es efectiva hasta que la posibilidad de recursos queda anulada) y a su vez que el estado en el que recluso permanecía encarcelado -que era de prisión preventiva- jugara a su favor. Si se tiene en cuenta que Carlos B. N. lleva encarcelado cuatro años (lo fue en septiembre de 2009) en la referida condición de prisión preventiva este hecho provoca que haya llegado al límite del tiempo que una persona puede estar privada de libertad en España de forma preventiva. No en vano, hace dos años se solicitó una prórroga de otros dos, la cual fue otorgada. En caso de que así no hubiera sido, se hubieran transgredido derechos elementales del condenado. Si la sentencia fuese firme no podía quedar libre, pero éste, obviamente, no es el caso pues los recursos judiciales siguen su marcha en el Supremo.

A estas alturas, y a menos que los recursos no prosperen, tan sólo restará esperar que el Supremo se declare a este respecto. Será entonces cuando Bellido, el presunto estafador, deberá volver a prisión si así lo dicta el alto tribunal.

Fuentes del caso han mostrado su malestar por esta situación, máxime si se tiene en cuenta el enorme daño causado a un centenar de familias, las cuales en muchos casos perdieron los ahorros de toda una vida. Entre ellos había numerosos guardias civiles de casas cuartel como la de Rota.

Cabe recordar que el juicio no fue especialmente polémico pues el acusado, Carlos Bellido Novas, asumió desde un principio su responsabilidad. Se puede decir que estaba sentenciado desde los primeros minutos del proceso judicial en su contra tras reconocer su culpa.

Su puesta en libertad le impedirá abandonar el territorio nacional así como afrontar la obligación de personarse ante los juzgados los días 1 y 15 de cada mes para, de esta forma, demostrar su presencia en territorio nacional.

Pilar Roncero, letrada de un buen número de afectados, cree que el riesgo de fuga del condenado "es mínimo" si bien apuntó, de forma irónica que "en caso de que lo hiciera se sabría perfectamente que el dinero estafado, contra lo atestiguado, no ha desaparecido". Carlos Bellido está acusado de estafar más de 2 millones de euros.