Provincia de Cádiz

El área de Justicia prevé un ahorro de 700.000 euros en personal en 2013

  • El plan de austeridad alcanza una cifra de tres millones de euros Transporte, material de oficina, alquiler o limpieza, las otras partidas

El área de Justicia de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz continúa profundizando en los niveles de ahorro y austeridad, tal y como fijó en su objetivo el Plan de Estabilidad presentado por la Administración. Las cifras previstas para este año 2013 alcanzan los tres millones de euros, de los que más de la mitad de esa cantidad formaría parte de las partidas de arrendamientos de sedes judiciales y personal.

La cobertura de bajas laborales es uno de los aspectos destacados en la estrategia de contención del gasto de la Delegación del Gobierno autonómico en Cádiz. El ahorro por la menor contratación de interinos llega hasta los 700.000 euros en el presente año si se cumplen las previsiones del área de Justicia. Según informan, "diversos estudios y análisis de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía habían detectado en este colectivo funcionarial un grado de absentismo laboral sensiblemente superior al de la media del resto de colectivos similares".

Bajo este argumento, desde el año 2012 la Delegación "llegó a un acuerdo con la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UVMI) del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz para remitirle de manera sistemática las bajas por enfermedad más duraderas y reiteradas". Este método ha llevado a que muchos funcionarios recibieran el alta y, por tanto, la contratación necesaria de interinos para la obligatoria cobertura de bajas ha descendido.

La Delegación del Gobierno autonómico en Cádiz añade que la medida "no ha supuesto resistencias o tensiones con el colectivo de funcionarios de justicia, ni tampoco con sus representantes sindicales".

El ahorro en concepto de personal se suma al millón de euros previsto para este año en el arrendamiento de sedes judiciales tras la renegociación del precio de los alquileres que la Junta lleva a cabo desde 2012 en la provincia. De los cuatro millones de euros anuales que se venían abonando, las infraestructuras judiciales pasarán a costarle un 25% menos a la Administración en la provincia. El objetivo es que esa partida presupuestaria pueda revertir en mejorar las instalaciones que se encuentran en peor estado, puesto que las grandes inversiones que necesitaría la construcción de nuevas sedes se antoja inviable en el presente.

El resto de partidas en las que el área de Justicia tiene previsto contener el gasto para llegar al objetivo de los tres millones en 2013 se reparte entre material de oficina, envíos postales, gasto telefónico, depósitos de vehículos o transporte.

Los contratos del servicio de limpieza en las sedes judiciales, por ejemplo, le van a costar 223.000 euros menos en relación al año anterior. Con una cifra similar de ahorro cuentan en la partida de material de oficina desde que comenzaran a llevarse a cabo las medidas de austeridad.

En cuanto al transporte de los operadores judiciales, tanto jueces como fiscales, forenses o los propios funcionarios encargados de notificar embargos, entre otros, han dejado de utilizar el taxi para sustituirlo por cinco vehículos oficiales con conductores que ya estaban en la plantilla, lo que favorece el ahorro de otros 350.000 euros previstos para 2013.

Según los datos facilitados por la Delegación de la Junta en Cádiz, los tres millones de euros que prevén ahorrar en Justicia demuestran "la eficacia en la gestión", y resaltan que la provincia de Cádiz "es una de las provincias andaluzas con mayor volumen de ahorro y que más esfuerzo de austeridad ha realizado hasta la fecha".

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