La Comisión de Peticiones del Parlamento europeo ha abierto una investigación preliminar sobre la supresión, por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, de unas ayudas a padres de niños con diversidad funcional, muchos de ellos autistas, que acuden a los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT). Así consta en la respuesta de este órgano de la Cámara comunitaria a los portavoces del colectivo que han interpuesto el escrito de queja al la que ha tenido acceso este periódico.

José Félix del Río y Javier Alfaro recurrieron a la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo a instancias del Defensor del Pueblo comunitario, "ante la nula capacidad de actuación de los diputados del Parlamento Andaluz" y "la nula capacidad de actuación de las quejas presentadas en las instituciones que deben defender los derechos fundamentales y libertades públicas de la ciudadanía en el Estado español: el Defensor del Pueblo Andaluz. La Oficina Permanente Especializada del Consejo nacional de Discapacidad y la Defensora del Pueblo", según consta textualmente el escrito.

En nombre del colectivo, ambos alegan "la vulneración de la Constitución española, la Convención de la ONU de 3 de mayo [se refieren a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Estado español en 2008] y la Carta de los Derechos de las Personas con Autismo, del Parlamento europeo, de mayo de 1996, todas ellas de obligado cumplimiento para el Estado español".

Pero, ¿qué es exactamente lo que ha pasado para que, a juicio de estos padres, se hayan vulnerado tantos y tan inalienables derechos? La atención temprana que requiere un niño con necesidades especiales puede costarle a sus progenitores alrededor de 1.300 euros al semestre, un gasto que debe cubrir, por ley, el Sistema Público de Salud. Lo habitual hasta el año pasado era que los padres pagasen las sesiones de psicología y logopedia -dos a la semana, de 40 minutos cada una- al centro en el que las recibían. Y que, luego, recuperasen ese dinero, tras una reclamación de reintegro de gastos a la Consejería de Salud. Sin embargo, a principios de 2012, la Delegación Provincial de Cádiz comenzó a denegar las solicitudes, alegando que los centros ya cobraban una subvención para programas de intervención temprana a menores con trastorno en el desarrollo o riesgo de padecerlos. Por su parte, los responsables de los centros, informaron a los padres de este cambio de criterio de la Administración andaluza, que no acaban de compartir, porque, según explicaron en su momento a este periódico, las subvenciones no llegan a cubrir apenas un tercio del total del coste de la asistencia.

Ante esa insostenible situación, un grupo de padres de niños con necesidades especiales que reciben atención temprana en el centro de la Asociación Autismo Cádiz, que, además de en la capital gaditana, trabaja en Puerto Real, Jerez y Algeciras, presentó el 2 de abril de 2012 un escrito de queja ante la Delegación Provincial de Salud porque temían se suprimiese definitivamente el reintegro de gastos del tratamiento rehabilitador de sus hijos, así reconocido por el Servicio Andaluz de Salud. Los afectados calificaron entonces de "inadmisible" esa supresión y advirtieron de que podría "implicar un daño permanente e irreversible en el paciente (...) situación asimilable, según sentencias del Tribunal Supremo, a procesos que entrañen riesgo vital".

A todo esto, fuentes de la Consejería de Salud en Cádiz respondieron que "de ninguna manera" esos niños estaban "quedando sin cobertura". Explicaron que la normativa había cambiado y que, a partir de entonces, todo se estaba encauzando mediante subvenciones a los centros, en función de su número de plazas.

Ante el temor de que se suprimiese definitivamente el reintegro de gastos del tratamiento rehabilitador de sus hijos -así reconocido por el Servicio Andaluz de Salud (SAS)- remitieron un escrito de queja a la Delegación Provincial en el que calificaban de "inadmisible" la supresión de esas ayudas. A esta queja se sumaron también padres del CAIT Ángel de la Guarda, que dirige Afanas en San Fernando.

Aquella fue la primera batalla de una incansable e ingente campaña informativa y de denuncia que sigue encabezando José Félix del Río y que, después de toparse con todos los escollos posibles, ha terminado bajo la lupa del Parlamento europeo.

En la queja/reclamación a la Cámara comunitaria recuerdan que el tratamiento rehabilitador que reciben sus hijos es "vital" y alegan que, "ante la imposibilidad de poder ser este atendidos en el ámbito asistencial del SAS [...], por recomendación del SAS, hubo que recurrir a los centros concertables CAIT, Autismo Cádiz, de Puerto Real, y Afanas, de San Fernando. Que resto centros fueron los "encargados de gestionar y solicitar dicho reintegro de gastos" y que por parte de la gerencia de ambos centros "nos comunicaron verbalmente que dicho reintegro sería suprimido".

Los padres argumentan al Parlamento europeo que llevan un retraso de "un año y medio" en el cobro de esos reintegros de gastos, que ya no saben si es porque los centros "no hayan presentado la correspondiente solicitud" o por parte de la Consejería de Salud, por "no estar al día" o "haber modificado" el sistema. Que no tienen respuesta alguna al escrito presentado ante la Delegación Provincial en abril del año pasado. Que "hay muchos casos de familias que han tenido que abandonar dicho tratamiento por falta de liquidez y que nadie ha sido capaz de evitar dicha aberración, ya que se trata de menores con diversidad funcional".

Por todo ello, solicitan, "ante la pasividad de todas las instituciones, entidades, asociaciones, federaciones que de un modo u otro permiten que se vulneren sus derechos" y ante "las discrepancias de unos y otros en llevar la razón, están los niños abandonados".