La Consejería de Fomento y Vivienda ha adjudicado una vivienda pública a una familia de Alcalá de los Gazules que ha sido desahuciada de su anterior hogar, un inmueble de titularidad privada. Se trata de un matrimonio y sus tres hijos que, por falta de recursos económicos, no han podido hacer frente al alquiler .

Según ha explicado la Junta de Andalucía en un comunicado, dicha familia ha sido realojada en la misma localidad, en una vivienda del parque público rehabilitada y gestionada por EPSA, ubicada en el callejón de Levante. La familia permanecerá en este inmueble de forma provisional a la espera de que se formalice la adjudicación mediante contrato.

La adjudicación ha sido por resolución de emergencia, lo que se contempla en el decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el reglamento regulador de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida y se modifica el reglamento de viviendas protegida de la comunidad autónoma andaluza.

En el decreto se especifica que se excepcionan de la obligación de adjudicación a través del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida los casos de viviendas y alojamientos destinados a unidades familiares en riesgo de exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales municipales.

"Esta familia responde a dicho perfil, por lo que tras comprobar su situación socioeconómica, se ha aconsejado la adjudicación de la vivienda", subrayó el delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, Manuel Cárdenas. El delegado destacó además la capacidad de la administración autonómica de resolver "un problema con la máxima diligencia", por lo que ha rechazado que "haya quien juegue con un problema tan serio como los desahucios y los dramas humanos que a diario se viven a consecuencia de los embargos", defendió.