¿Cómo sobrevivir en plena crisis, con cada vez menos ingresos por tributos locales y, además, sin la ayuda del Estado? En esas condiciones llevan los seis meses del presente ejercicio (y en algún caso, muchos más meses del pasado 2011) nueve ayuntamientos. Las entregas a cuenta del dinero correspondiente a la Participación en los Ingresos del Estado (conocido como PIE) no llegan a esos consistorios desde hace muchos meses y por diferentes motivos. Los más llamativos, y conocidos, son los de Jerez, La Línea, Los Barrios o Barbate. En sus casos, la asfixiante deuda municipal hace que ésta se extienda a conceptos demasiado importantes como para que el Estado les permita acceder a las PIE. Por tanto, les retiene el cien por cien de lo que les correspondería ingresar.

Al resto se les retiene en aplicación de la normativa que obliga a las corporaciones a presentar la liquidación de presupuestos municipales anteriores así como de sociedades mercantiles dependientes de ese ayuntamiento (según el apartado 1, artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, por incumplimiento de la obligación de comunicación en la liquidación del presupuesto). En esta situación se han encontrado a lo largo de estos seis meses los consistorios de Algar, Los Barrios, Espera, Tarifa, Prado del Rey o Villamartín. Después, hay municipios, como Chipiona, en los que la reducción de la cuantía que se ingresa es del 50%, por acuerdo previo entre el Estado y el Ayuntamiento.

Pero, ¿qué son las PIE? Según la Constitución Española de 1978, se garantiza la autonomía de los municipios y, para ello, dispone que las haciendas locales dispongan de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las corporaciones respectivas y que se nutrirán fundamentalmente de tributos propios (como el IBI, el IEA, etc.) y de su participación en los tributos del Estado (PIE) y de las comunidades autónomas (Patrica).

De acuerdo con el sistema actual de participación de los municipios en los tributos del Estado, los municipios que reúnan los requisitos tales como ser capitales de provincia o de comunidad autónoma, o tener población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes, pueden obtener la cesión de un porcentaje de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las comunidad autónomas de impuestos tales como el IRPF, IVA y determinados Impuestos Especiales. Para estos municipios existe un Fondo Complementario que se distribuye con base a las reglas establecidas en dichas normas y en la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Para el resto de los municipios se establece un modelo de participación en los tributos del Estado definido por variables tales como la población de derecho, el esfuerzo fiscal municipal y la capacidad tributaria. Con carácter cuatrienal, se revisará el conjunto de municipios que se incluirán en cada uno de los modelos.

El caso es que, según los datos publicados por el Ministerio de Economía y Hacienda, los nueve ayuntamientos que llevan lo que va de año sin ingresar nada del Estado son, de menor a mayor cuantía, Algar (que deja de recibir 111.175 euros); Espera (con 257.533 euros); Prado del Rey (que no ingresa 457.345 euros); Villamartín (con 998.906 euros menos); Tarifa (que no recibe 1.333.624 euros); Barbate (con 1.856.720 euros sin ingresar del Estado); Los Barrios (con 1.994.393 euros menos); La Línea (que no ingresa 7.547.471 euros); y Jerez, que con 20,7 millones de euros sin ingresar de las PIE, es el caso más llamativo.

En total, si se atiene a la previsión inicial de entregas a cuenta por parte del Estado, los 44 municipios gaditanos debían haber ingresado entre enero y junio un total de 126,6 millones de euros. Sin embargo, sólo han recibido el 64,5%, es decir, 81,7 millones. El resto, 44,9 millones de euros, se quedó por el camino por diferentes motivos. También hay que tener en cuenta en este sentido, que no sólo se ingresa menos por las deudas con el Estado, sino porque todos sin excepción reintegran alguna cantidad siempre al fondo común.

Si se tiene en cuenta tan sólo lo ocurrido en el pasado mes de junio, los 44 municipios debían haber recibido del Estado un total de 21.111.770,14 euros, pero sólo llegaron 13.886.286,25 euros.