El próximo día 30 de junio cerrará definitivamente la Casa de Acogida infantil de Puerto Real, perteneciente a la Diputación y que lleva funcionando desde los años 80 en distintas ubicaciones, heredera de la Casa Cuna de Cádiz. La Junta de Andalucía y la institución provincial no han renovado el convenio que firmaban año tras año para su funcionamiento y se tendrá que buscar una salida para los once niños que actualmente están en el centro.

Sus más de 30 trabajadores han visto peligrar sus puestos de trabajo aunque, según confirmó el propio diputado del área, Antonio García, se ha hecho un "sobreesfuerzo" para recolocarlos en otros servicios de Diputación, como las residencias de mayores. Esa será la solución para 27 funcionarios y otros siete laborales, aunque unos 15 de la bolsa de trabajo parece ser que no podrán ser asumidos. Éstos, pertenecientes a la bolsa de instructores, están recogiendo firmas para que el centro no cierre sus puertas, habiendo reunido unas 1.600 hasta el momento.

Esta salida se veía venir desde el pasado mes de diciembre. Ya entonces desde la Junta se quiso resolver el acuerdo, aunque finalmente se alargó hasta final de este mes. Fuentes de la Delegación Provincial de la Consejería aseguraron ayer que desde esta administración ya no se cree necesario el centro. Hay plazas libres en otros y además se está optando porque los menores pasen directamente a familias de acogidas y no a centros, informaron.

Las mismas fuentes dijeron que nada tiene que ver con el dinero adeudado a Diputación por asumir estas competencias de menores. Según el convenio, la institución provincial asume el 85% del coste, que son unos 3 millones de euros al año, mientras que la Junta aporta 420.000. Sin embargo, ahora mismo, se deben los pagos de 2011 y los meses de 2012, que "están asegurados", algo que no se ha resuelto ya "por un problema burocrático", aseveraron.

El diputado provincial del área, Antonio García, comentaba a este periódico que la Diputación "a pesar de no ver ni un céntimo peleó porque los niños al menos terminaran el curso escolar". "No es lógico que los municipios y la Diputación se tengan que hacer cargo de competencias de la Junta y esto nos cuesta 3 millones más los 420.000 euros que la Junta no ha pagado", añadió. El edificio donde se ubica el centro es de Diputación y en principio se aprovechará para trasladar servicios prestados en Puerto Real y para los que se tenían locales en alquiler.

Aunque el cierre parece irrevocable, algunos empleados intentan seguir apostando por la Casa de Acogida. Trabajadores de la bolsa de instructores recogen firmas y piden que "los criterios políticos y económicos no decidan, sin piedad, la continuidad de un servicio indispensable para un elevado número de menores en riesgo social".