Provincia de Cádiz

Karlos, un punto de inflexión

  • La implicación de una famosa en un fraude de pensiones sirvió de sensibilización

No todo fue malo en el circo que se montó en torno al conocido como 'caso Karlos' el año pasado en la Audiencia Provincial. El montante del fraude que allí se juzgaba no hubiera merecido la atención del gran público si no fuera porque entre los acusados se encontraba una famosa habitual de los programas del corazón, María José Campanario, la mujer de Jesulín de Ubrique. Gracias a ello, casi cualquier español pudo enterarse de cómo se podía amañar una decisión médica a cambio de dinero. La 'picaresca' elevada a delito.

El que salió peor parado fue el inspector de la Unidad de Valoración Medica Francisco Casto, un profesional considerado, hasta que se destapó el caso, como inflexible, duro, a la hora de otorgar incapacidades. El tribunal consideró probado que Casto se puso de acuerdo con el jefe de los policías locales de Ubrique, Carlos Carretero, un conseguidor, para aprobar pensiones de incapacidad a quienes pagaban por ello. Carretero se encargaba de contactar con personas a las que proponía la obtención segura de una pensión. El papel de Casto, que durante todo el juicio dijo que actuó de pardillo y que era inocente, era emitir informes en los que falseaba la situación real de los interesados y exageraba el diagnóstico o se basaba en informes médicos que sabía falsos, según el tribunal, que le condenó a  nueve años y medio de prisión.

Pero no todo fue fraude, también hubo engaño. La trama cobró a cinco personas por conseguirles unas incapacidades a las que realmente tenían derecho. Cuando fueron interrogadas, afirmaron que creían que para conseguir una incapacidad hacía falta pagar. Es decir, entre algunas personas, bien es cierto que poco informadas, carne de timo, estaba tan interiorizado la inaccesibilidad del sistema que consideraban que era imposible acceder a él sin una 'mordida'.

El juicio, que avivó debates intrascendentes en las televisiones con grandes audiencias, supuso un debate de mayor fondo, el que propuso la Asociación de Inspectores de la Seguridad Social, que al valorar la sentencia reclamaba "la necesidad de un cambio en la legislación a nivel estatal que clarifique el sistema de control de las bajas por incapacidad laboral, y permita un mayor y sobre todo mejor control público de la gestión de dichas situaciones. Ello evitaría, además de disfuncionalidades, la comisión de irregularidades y delitos de este tipo. La entrada en juego de nuevos agentes como las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y sobre todo la existencia de una legislación confusa y compleja, en la que se imbrican demasiados organismos que se solapan en sus competencias y no siempre actúan bien coordinados, en nada ayuda a la necesaria transparencia del proceso".

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