La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia lo que ellos califican de "trato de favor" por parte de la Junta de Andalucía hacia el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, "al otorgarle un puesto que no existe en el organigrama de la Delegación provincial del Gobierno".

El sindicato de funcionarios afirma, incluso, en un escrito que en una "reunión informal" fueron informados desde la Delegación del Gobierno que "el nombramiento del funcionario que actualmente ocupa la plaza de coordinador de la unidad de prevención de riesgos laborales, lo hace en una plaza virtual, esto es, al margen de la ley".

Hace cuestión de un mes, el CSIF remite un escrito a la Junta en la que informan de que habían detectado la presencia de una tercera persona ejerciendo labores de coordinador, "figura que no existe ni en el Decreto ni en la Orden" que regula la presencia de sólo dos técnicos de prevención de riesgos. Así, según el CSIF queda demostrado "que no existe oficialmente el cargo de coordinador de esta unidad".

Para este sindicato, todo esto es un "ejemplo" más de la "discriminación" que sufren miles de funcionarios y opositores de toda Andalucía, "frente a los favores que reciben los afines al Gobierno de la Junta durante tantos años". Afirman desde el CSIF que, mientras Agustín Barberá "consigue un puesto al margen de la ley, creado especialmente para él, sin convocatoria pública, saltándose todos los cauces legales oportunos, los funcionarios que quieren obtener una mejor plaza en su carrera administrativa o buscar la reagrupación familiar, han de concurrir a procesos competitivos, que por otra parte, ahora mismo no pueden hacer puesto que todas las convocatorias de concurso de traslados están paralizadas por la Junta", según sentencian desde el sindicato de funcionarios. En base a esto, el CSIF requiere ante la Dirección General de Función Pública y Recursos Humanos de la Junta "el cese inmediato de esta ilegalidad".

La Junta, por su parte, afirma que no se ha dispensado ningún trato de favor al ex viceconsejero Barberá en su reingreso a la función pública. Basa su decisión en la tesis de que la administración andaluza "está obligada legalmente" a "reingresar" en la administración pública "a todos los funcionarios que han desempeñado altos cargos de responsabilidad en la Junta de Andalucía cuando cesan en los mismos".

La Junta, en una nota remitida a este periódico, recuerda que Agustín Barberá es funcionario del cuerpo superior de administraciones generales desde 1989 y que tiene consolidado desde el año 2005 el nivel 28 de los 30 que existen. "Por ello, la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública dictó una resolución en abril de 2010 por la que Agustín Barberá se reincorporó como asesor técnico a la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz". Aclara la Junta que "este puesto tiene carácter provisional hasta que por concurso obtenga el puesto definitivo de funcionario que por ley le corresponde".

Ante la denuncia del sindicato CSIF, desde la Delegación del Gobierno de la Junta aseguran que, dada su calificación en materia laboral y legal, sobre el viceconsejero recayeron funciones de asesoramiento legal y técnico a la unidad de prevención de riesgos laborales, recientemente creada en todas las provincias andaluzas, con "funciones equivalentes o inferiores al grado que tiene consolidado".

En cuanto a que el puesto que ocupa a día de hoy Barberá no aparece en la relación de puestos de trabajo (RPT), la Junta aclara que "ningún puesto de este tipo, dado su carácter provisional, se consolida en dicha relación.