A mediados de 2009, se fue 'fichado' por el ministro socialista Francisco Caamaño como asesor de Justicia. En principio, para seis meses, que se terminaron prolongando hasta los dos años y medio. Tras la victoria electoral del PP, ha retornado a la Fiscalía provincial con un regusto agridulce: muy satisfecho de la labor realizada pero consciente de que demasiadas cosas no llegaron, no ya a salir del tintero, sino incluso ni a entrar. Y que no pocas de las que se han abordado, no serán puestas negro sobre blanco.

Ángel Núñez, que era entonces el fiscal delegado de Medio Ambiente, ahora, prácticamente recién aterrizado en el Palacio de Justicia, está pendiente aún de una reorganización que el Ministerio Público va a realizar para saber exactamente cuál va a ser su cometido a partir de ahora.

En su ausencia, fue nombrada delegada de Medio Ambiente la fiscal Patricia Navarro. Él aún no tiene tomada una decisión al respecto, aunque se le escapa un "tampoco es mi intención volver a Medio Ambiente".

Dice que prefiere reservarse su opinión sobre los resultados de la titánica lucha contra el urbanismo ilegal emprendida en la Fiscalía, con la defensa a ultranza de la demolición como punta de lanza que le reportó reconocimientos y a la postre, su pasaporte a Madrid, cosechados en los últimos tiempos en la provincia. Tiempos en los que la piqueta apenas ha entrado en acción, y con sucesivas resoluciones judiciales paralizando o posponiendo derribos. Pero, nobleza obliga, se le escapa también una rotunda afirmación que suena a corolario: "Hay una absoluta falta de voluntad de imponer la legalidad urbanística".

El desalentador panorama, lejos de mejorar, lleva camino de empeorar bastante. Así lo deja entrever Núñez aludiendo a la anunciada profunda reforma de la Ley de Costas por parte del ministro popular Arias Cañete, con objeto de hacerla compatible "con el crecimiento". El comentario del fiscal al respecto es breve pero elocuente: "No parece que vengan buenos tiempos para el medio ambiente".

Sí se explaya y se le nota emocionado al otro lado del teléfono al efectuar un balance de su etapa como asesor de Justicia. "Ha sido magnífico. Hemos hecho la reforma del Código Penal más importante desde 1995, y el primer anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881 en tres siglos. Hemos contado en Justicia con los presupuestos más elevados de la democracia, y se ha avanzado en la Nueva Oficina Judicial y en la informatización del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. El trabajo ha sido apasionante", suelta de carrerilla.

Especialmente orgulloso está de su trabajo en la comisión creada para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "La actual, con tres siglos de antigüedad, es 'frankenstein', está llena de remaches y ya no caben más. Nuestro anteproyecto es ahora objeto de estudios doctrinales en las Universidades. No sé qué piensa hacer con ello el nuevo Gobierno".

A su juicio, la reforma urge porque el sistema procesal penal español "es un desastre". Entre otras cosas, porque "no favorece la agilidad, provoca que la contradicción se traslade a la instrucción. Y carecemos de regulaciones vitales como en el caso de las escuchas telefónicas. Hace falta una ley de nueva planta íntegra".

Ha sido miembro de infinidad de comités y comisiones. Un recuerdo especialmente grato guarda de la comisión para la modernización del lenguaje jurídico, a la que pertenecían entre otros el presidente de la Real Academia Española, y periodistas de los principales diarios nacionales. También alude a sus encuentros con la comisión para la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial. Una norma "totalmente desfasada. El partido judicial tenía razón de ser en el siglo XIX, ahora no. Los juzgados no pueden funcionar como islas, es perentoria la reforma".

Por último, menciona también su participación en el futuro estatuto de la carrera fiscal y en los trabajos previos para la redacción de la controvertida ley Sinde, contra la piratería de la propiedad intelectual.

Su retorno a su plaza de fiscal en Cádiz ha coincidido prácticamente con el fallo de la Justicia norteamericana a favor de España en el caso Odyssey , por el que la empresa cazatesoros tendrá que devolver a nuestro país el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. En total, una colección de 500.000 monedas de oro y plata halladas en 2007. Antes de irse como asesor a Madrid, Núñez era el fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo, y por sus manos pasó el expolio del Odyssey. "Yo trabajé en las reuniones con la Armada para intentar recuperar el tesoro. Ha sido un resultado magnífico este fallo".