LA coincidencia en el tiempo de dos violaciones a menores de edad cometidas en grupo de jóvenes de Baena e Isla Cristina, la mayoría también menores, ha vuelto a desatar la alarma social y a reabrir el debate sobre el tratamiento penal de los menores delincuentes. La polémica se ha visto recrudecida en ambos casos por encontrarse entre los violadores varios adolescentes de menos de 14 años, que son ininmputables según la legislación vigente, es decir, que sus acciones, por detestables que sean, no pueden ser perseguidas penalmente. Buena parte de la opinión pública, llevada por la indignación, reacciona ante estos actos odiosos exigiendo reformas legales inmediatas para proteger a las víctimas y castigar a los culpables, denunciando las lagunas que presenta la Ley del Menor, utilizada demasiadas veces como seguro de impunidad por muchachos que delinquen o adultos que los manejan. Otro sector replica que no es adecuado legislar "en caliente", con los hechos todavía en plena actualidad y guiados por la ira. Lo malo de esta última postura es que, si se lleva a sus últimas consecuencias, significaría tanto como llevar a los poderes públicos a inhibirse de afrontar el problema, ya que una de las características de estos sucesos es que cada vez son más frecuentes, como han constatado diversos fiscales andaluces, de modo que siempre estaríamos bajo el impacto de alguno de ellos y el debate sereno y duradero nunca tendría lugar. Sin apriorismos ni prejuicios, creemos que no se debe postergar una reflexión sosegada acerca de lo que está fallando en el tratamiento de los delitos cometidos por los menores, en general, y la situación concreta de los que no alcanzan la edad penal (14 años). La reinserción social ha de ser, por mandato constitucional, un objetivo a perseguir en todos los delincuentes, y más en el caso de los menores. La idea de que los centros de rehabilitación actualmente existentes son insuficientes y no reúnen las condiciones precisas está muy extendida entre los profesionales y expertos. Ahí existe, pues, un campo para la reforma y la mejora. Al mismo tiempo, el factor punitivo de las condenas no se puede eludir, y eso ha de incluir, en la forma que se estudie, a todos los menores cuando delinquen. La sociedad no puede aceptar por las buenas que un crimen grave, como los que comentamos, no reciba sanción o reproche alguno, por pocos años que tenga quien lo comete.