EL Ministerio del Interior acaba de remitir a las jefaturas policiales un protocolo de actuación para los casos de desaparición de menores y otras desapariciones de alto riesgo. Las instrucciones, redactadas por la Secretaría de Estado para la Seguridad, suponen un reconocimiento de que la acción policial con respecto a los niños y adolescentes desaparecidos no respondía hasta ahora a las necesidades objetivas de este tipo de sucesos, con el consiguiente peligro cierto para la integridad y la libertad de los menores afectados y sufrimiento de sus familias. Su origen está claramente en el desarrollo del caso de Marta del Castillo, aunque hubo otros con anterioridad en los que el tiempo transcurrido entre la interposición de las denuncias en comisarías y la activación del trabajo policial fue decisivo para el normal esclarecimiento de los hechos, e incluso, a veces, para evitar la comisión de graves delitos. El protocolo contempla la creación de una base de datos de personas desaparecidas, a la que tendrán acceso inmediato todos los cuerpos de seguridad estatal y autonómica; la puesta en marcha de un sistema de alerta, al modo del modelo norteamericano, que implica la difusión rápida de imágenes de los desaparecidos y el llamamiento a la colaboración ciudadana a través de los medios de comunicación, y la creación de un teléfono directo para casos de niños desaparecidos, o adultos desaparecidos con alto riesgo (peligro de asesinato, secuestro o extorsión). Las denuncias, una vez incorporadas al registro general con acceso para todos los agentes, serán notificadas de inmediato a los patrulleros de servicio a fin de que las labores de búsqueda adquieran la prioridad necesaria. Se trata, pues, de agilizar los trámites de actuación policial en la medida en que lo requiere un hecho de la trascendencia de que un menor desaparezca de su domicilio o de su entorno de familiares y amigos. El hecho de que la gran mayoría de las desaparaciones de menores sean voluntarias y terminen con la vuelta a casa en pocas horas no debe conducir a que la Policía baje los brazos a la hora de averiguar la realidad de una denuncia presentada por unos padres atribulados. El protocolo trata de evitarlo.