La liberalización nacional del sector de la estiba, la renovación del convenio colectivo de los estibadores de Algeciras y el bloqueo en la negociación de las condiciones laborales en TTI Algeciras suponen tres de los grandes retos que debe encarar el puerto de Algeciras para mantener la paz social de la que ha gozado, sin apenas sobresaltos, en los últimos años.

Más aún cuando la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) aspira a dar actividad a medio plazo a la Fase B del muelle de Isla Verde Exterior, infraestructura para la que ya hay una empresa interesada -la china Cosco- en sumarse al trasiego del transbordo de contenedores. Se trata del tráfico que más actividad aporta a la dársena del Estrecho, pero también es de los más condicionados por las turbulencias laborales y precisa, por tanto, de un clima de operaciones sin sobresaltos.

El primero de los retos para la dársena algecireña viene arrastrando su resolución desde finales de 2014. Se trata del nuevo régimen laboral para las actividades de estiba y desestiba. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró en diciembre de 2014 que el modelo nacional incumple el principio europeo de libertad de establecimiento al imponer a las empresas que deseen prestarlo la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y, en su caso, participar en el capital de ésta. Y también la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores de la propia Sagep de cada puerto.

La aplicación de los cambios legislativos, pese al preacuerdo alcanzado por el sindicato mayoritario (Coordinadora) y la patronal (Anesco), ha quedado en suspenso por la falta de capacidad legislativa del Gobierno en funciones. Y así se ha mantenido hasta que este mes una respuesta parlamentaria de la comisaria de Transporte, Violeta Bulc, ha enrarecido el clima de relativa calma.

Conforme al posicionamiento de la comisaria -que a su vez es el de la Comisión- no resulta necesario esperar a que España realice las reformas normativas para que las empresas estibadoras puedan contratar ya a personal al margen de las correspondientes Sagep radicadas en cada dársena. El sindicato Coordinadora ya ha dejado claro que no permitirá ninguna acción unilateral mientras que ninguna empresa, al menos de momento, ha decidido emprender este camino.

La estiba en España da empleo a unas 7.000 personas. En Algeciras son 1.498 fijos y 357 eventuales, según datos de la Sagep local. La inactividad de las grúas supondría en apenas unas horas la paralización del comercio exterior. Es un sector clave para la economía.

La organización sindical ya ha alertado de que emprenderá medidas si no existe un consenso previo entre las partes para la modificación legislativa o si se produce alguna acción al margen de este proceso, como la apertura de una sociedad de estiba al margen de las Sagep. Algo que Coordinadora estima como ilegal dado que la normativa nacional permanece sin cambios por el momento. "En función de esa potencial actuación unilateral serán las medidas de respuesta. A día de hoy estamos más preocupados por lograr el consenso y formar parte del diseño de nuestro futuro que por definir reacciones que confiamos no tener que desarrollar", reconoce Antolín Goya, secretario general de Coordinadora, en declaraciones a Europa Sur.

En sus reacciones, Coordinadora no hace alusión expresa a la posibilidad de una huelga, si bien es el primer pensamiento que emana en el sector al trazar la posibilidad de un conflicto en la estiba. Sobre la posibilidad de convocar una huelga, Goya zanja el asunto. "No tenemos acciones previstas. Si lo que me pregunta es si la huelga es una medida coercitiva que muchas veces da resultado, la respuesta es sí. Del mismo modo le aseguro que para Coordinadora es siempre la última opción", apostilla.

Puertos del Estado también se ha alineado esta semana con el criterio de que la sentencia del TJUE no anula la actual normativa española (recogida en la Ley de Puertos de 2010) y aboga igualmente por los cambios consensuados. Anesco, por su parte, no se ha pronunciado.

Un ejemplo de la influencia reciente en el tráfico portuario de un conflicto laboral abierto puede encontrarse en el puerto de Valencia. Durante el pasado julio la dársena sufrió problemas de mano de obra cuya contratación se encontraba a expensas de la renovación del convenio colectivo. Finalmente el acuerdo laboral dio vía libre a la contratación de 85 estibadores más, si bien el conflicto hizo perder cerca de 40.000 contenedores de tránsito en apenas unos días. En paralelo a la reforma de la estiba, el sector en el puerto de Algeciras debe afrontar a medio plazo la renovación de su convenio colectivo, que expira el próximo 31 de diciembre de 2017. Parece una fecha lejana, pero apenas faltan 15 meses para desarrollar las conversaciones de un documento clave. El anterior convenio fue suscrito por diez años y justo antes de la crisis. Una vigencia que ha permitido mantener la paz social al abrigo de la recesión económica que ha azotado al resto del país y a prácticamente todos los sectores.

El tercer reto, netamente local, es el que implica mayor riesgo de conflicto laboral a corto plazo. El comité de empresa de TTI Algeciras -compañía que opera segunda terminal de contenedores del puerto- anunció esta semana la ruptura de las negociaciones del convenio colectivo por encontrarse enquistadas. De hecho, el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo expiró a finales de 2014 y desde entonces se mantiene prorrogado.

La plantilla de TTI Algeciras ya ejerció movilizaciones en la primavera de 2013 por idéntico motivo sin que desde entonces la dirección local y los representantes de los trabajadores hayan alcanzado un acuerdo; más bien aplazado la resolución del problema.

Los trabajadores barajan seriamente iniciar movilizaciones en la terminal del puerto que ha experimentado en el último año una importante alza en su actividad, cifrada en un 64% más hasta agosto, según la Autoridad Portuaria. La mediación del Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales) y de la propia APBA se erigen como elementos indispensables para evitar que las grúas azul marino se queden levantadas.