El Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria fue creado en julio de 2014 por el Gobierno para hacer partícipe a los puertos de la financiación de los proyectos de conexión viaria y ferroviaria fuera de su zona de servicio. Una medida que el Ejecutivo justificó para favorecer el transporte intermodal de mercancías.

El fondo es administrado por un comité en el participan todos los presidentes de los puertos y se nutre de las aportaciones de las 28 Autoridades Portuarias, en forma de préstamo reembolsable, en un porcentaje que no puede superar el 50% de los beneficios de cada ejercicio. Con las cantidades aportadas, que tendrán un plazo de amortización de 20 años y que devengan intereses a favor de los puertos, se financian los proyectos aprobados por el Comité de Distribución.

Además, Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias podrán realizar aportaciones voluntarias, que tendrán el mismo carácter de préstamo. Igualmente, las inversiones realizadas por los puertos en su propia conectividad tendrán la consideración de aportaciones al fondo. En el momento de su puesta en marcha, en junio de 2015, el sistema preveía una dotación plurianual de 350 millones de euros para el periodo 2016-2019.

Con cargo a este instrumento financiero otros puertos andaluces también tienen previsto ejecutar infraestructuras de conectividad ferroviaria. Es el caso de Huelva, al que se le ha pedido una aportación para la reforma del tendido ferroviario hacia Zafra (Badajoz) en el que también prevén contribuir las compañías mineras. En octubre del pasado año, la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, apuntó en una visita a la dársena onubense que con el fondo ya se están financiando estructuras viarias y ferroviarias y puso como ejemplo la variante de Camarillas, a cuya financiación está contribuyendo el puerto de Cartagena.