La otra comisión informativa celebrada ayer, la de Gestión y Mantenimiento urbano, analizó la adhesión del Ayuntamiento de La Línea al convenio de colaboración sobre detección de supuestos de vulnerabilidad en procedimientos desahucios suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, la Junta y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Los participantes pusieron de manifiesto la preocupación existente a nivel local por este tipo de problemas, así como la firme decisión del Ayuntamiento de poner a disposición todos los medios posibles para evitar estas situaciones.

En mayo se constituyó la comisión de seguimiento de este acuerdo, que acordó el establecimiento de un protocolo de actuación para coordinar los compromisos que asumen cada una de las partes firmantes.

Uno de las primeras acciones que se impulsaron fue la redacción de una guía de recursos sociales autonómicos y municipales, que se pondrá a disposición de los órganos jurisdiccionales con el objetivo de que las personas inmersas en procedimientos de desalojo puedan acceder a estos recursos.

La intención de esta comisión es propiciar la anticipación de la intervención de los servicios sociales autonómicos y municipales para que tengan acceso rápido a la información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y se puedan activar los mecanismos correspondientes para la protección y búsqueda de soluciones al respecto. Cuando el juez detecte situaciones de riesgo lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales.

El convenio contempla la adopción de medidas para la pronta detección por el órgano judicial de una situación de vulnerabilidad y dar traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda para su inclusión en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda y a los servicios sociales locales.