El Ministerio de Justicia ha enviado a distintos juzgados españoles los exhortos que la juez argentina María Servini remitió para interrogar en España a 19 investigados por su presunta implicación por crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista. Entre ellos se encuentra el ginecólogo linense Abelardo García Balaguer, que fue denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco, cuyo hermano supuestamente murió en el parto que tuvo lugar en el hospital de La Línea el 6 de noviembre de 1967 pero no consta certificado de defunción alguno.

El caso arrancó en 2006, cuando Flor y su hermana Cristina, residentes en Irún, viajaron a La Línea después de que falleciera su madre con la intención de ponerle a la tumba de su hermano una lápida con la fecha de su fallecimiento. El diario El País contó en su edición del 3 de abril de 2001 que las hermanas, al buscar la fecha exacta en los libros del cementerio no encontraron ningún dato relativo a su inhumación. En el Registro tampoco constaba certificado de defunción alguno. Encontraron el parte médico, en el que la causa del fallecimiento era "un parto distócico que hizo necesario el uso de ventosa". Sin embargo una foto de la abuela con el cadáver del recién nacido en brazos revelaba que la cabeza de aquel bebé no presentaba ninguna deformidad.

También sospecharon de que el tamaño del bebé que la abuela sostenía parecía mayor que el correspondiente a un recién nacido. Comenzó entonces un largo proceso entre distintos archivos e investigaciones que acabaron la presentación de esta denuncia colectiva.

Entre el resto de investigados por la jueza argentina están el ex ministro en el Gobierno de UCD Rodolfo Martín Villa o el ex ministro de Franco José Utrera Molina, así como el expolicía Antonio González Pacheco Billy el niño y el ex capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas.

El pasado mes de marzo la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires (Argentina) remitió estos exhortos con la intención de que los juzgados españoles tomasen, en su presencia, declaración indagatoria a los acusados en abril. El departamento que dirige Rafael Catalá recibió esta solicitud en agosto y los envió a dichos tribunales el pasado 9 de septiembre, en cumplimiento de lo dispuesto en el Tratado de Asistencia Judicial en materia penal suscrito entre Argentina y España.

En 2014 Servini pidió la extradición de varios ex ministros franquistas para el mismo objetivo, pero las autoridades españolas se opusieron a esto ya que consideraban que vulneraban "las normas internacionales que establecen que todos los Estados deben colaborar activamente en la persecución de quienes cometen crímenes contra la humanidad, en especial los cometidos en su territorio", recuerda la Coordinadora CEAQUA, que interpuso una denuncia en abril de 2010 al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de "aterrorizar a españoles" por su ideología y de sustracción de menores.